Wilber Medina, postulante al TC, señaló que no hubo violaciones a los DD.HH. en las protestas contra Dina Boluarte

En el Congreso de la República ya se encuentran en la última etapa para elegir al séptimo integrante del Tribunal Constitucional que ocupará el puesto dejado por el fallecido magistrado Augusto Ferrero. Ayer se dieron las entrevistas personales en la comisión especial a los que llegaron a esta decisiva instancia: Luis Carrasco García, María del Pilar Tello, Pedro Hernández, Evelia Castro, Justo Balmaceda, Hernán Montoya y Wilber Medina.

De todas las audiencias que hubo llamó la atención la que Medina protagonizó. El exabogado del fallecido expresidente Alan García (1980-1985 y 2006-2011) respondió varias preguntas, pero hubo algunas que generaron controversia. El legislador Guido Bellido (Perú Bicentenario) le consultó al letrado si consideraba que durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte entre diciembre del 2022 y enero de este año se dieron violaciones a los derechos humanos.

Al respecto, Medina dijo lo siguiente: “Considero que no porque mataría un derecho que tiene la persona: la protesta. Pero la protesta sin violencia. Además, así se ha pronunciado el Tribunal Constitucional”. Además, el postulante al TC refirió que lo que hubo durante las manifestaciones antigubernamentales que dejaron como saldo más de 60 muertos fueron “hechos aislados”.

“No creo que sea una violación a los derechos humanos porque para hablar de ello tiene que ser sistemático y aquí creo que no ha habido sistematicidad ni permanencia, sino hechos aislados. Incluso, conocemos que algunos casos que sean usados probablemente como excesivo uso de la fuerza”, agregó.

A pesar de que dijo que no hubo violaciones a los derechos humanos, Medina mencionó que “hay que investigar y sancionar a los responsables”.

La respuesta del aspirante al TC resulta contradictoria cuando diversas entidades internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Right Watch sacaron reportes sobre la violenta política represiva que el régimen de Boluarte Zegarra ejecutó contra las personas que salieron a marchar en Lima y regiones del sur del país.

Recientemente, la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) también difundió su propio informe en el que concluye que el Estado peruano hizo “uso de la fuerza, incluida la fuerza letal con armas de fuego, fuera de las circunstancias que serían permitidas por las normas internacionales de derechos humanos, lo que equivaldría a una privación arbitraria de la vida”.

“Esto incluye casos en los que manifestantes o transeúntes no suponían una amenaza aparente para las fuerzas de seguridad”, se lee en el documento. Además, se agrega que se documentó que se hizo uso de armas menos letales que provocaron lesiones graves, incapacitantes y mortales a las personas que salieron a protestar contra el régimen de Boluarte. Todo esto se encuentra bajo investigación de la Fiscalía de la Nación.

La presidenta de la República y su primer ministro Alberto Otárola se encuentran en la relación de personas que están bajo indagación del Ministerio Público por los presuntos delitos de genocidio y homicidio calificado.

Visitas al defensor del Pueblo y cierre del Parlamento

De otro lado, en la entrevista a Wilber Medina también se le consultó por las ocho visitas que ha realizado al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, en medio del proceso para entrar al TC. Como sabemos, Gutiérrez también fue escogido por el Congreso para ostentar el cargo que tiene en una clara alianza que existió entre el fujimorismo y cerronismo.

Sobre esto, el letrado refirió que tuvo estos encuentros con el titular de la Defensoría porque le ha pedido que sea un intermediario con los directivos de Sedapal con el fin de que cumplan una sentencia judicial que se les ordena colocar agua potable y desagüe a un grupo de vecinos de una urbanización del distrito de La Molina, donde él reside.

Finalmente, Medina también se mostró a favor de que se elimine la figura de la disolución del Congreso de la Constitución y negó que haya tenido alguna afiliación al Partido Aprista a pesar de que reconoció que postuló por esta agrupación en las elecciones generales del 2016 a pedido del expresidente Alan García.

Al cierre de la jornada, este abogado junto a los demás postulantes Luis Carrasco, Pedro Hernández, Justo Balmaceda y Hernando Montoya pasaron la etapa de las entrevistas personales por superar el puntaje requerido.