
La Junta de Portavoces del Congreso de la República definió este martes cómo será el procedimiento para el debate y la respectiva votación del informe final de la Comisión de Justicia que recomienda la remoción de la Junta Nacional de Justicia por “presuntas faltas graves” en el ejercicio de sus funciones.
Los integrantes de este órgano del Parlamento establecieron que la sesión del Pleno de mañana se realice a partir de las 14:00 horas. Tras ello, la legisladora Janet Rivas (Perú Libre) sustentará por un plazo de diez minutos el documento elaborado por su grupo de trabajo que buscaría la salida del pleno de la JNJ.
Como ya es público, las conclusiones de este dictamen indica que la JNJ “no cumplió con su deber de imparcialidad” al sacar un pronunciamiento en relación al caso de la inhabilitada exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
Además, la JNJ incumplió el numeral 3 del artículo 156 de la Constitución Política del Perú, que está referido a la edad legal para ser miembro de esta entidad, al permitir la permanencia de la magistrada Inés Tello. Finalmente, consideraron que la entidad no presentó sus informes anuales de manera oportuna.

Desestimaron las acusaciones de presunta presión de la JNJ sobre el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, y una filtración de información de los casos de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, al portal IDL Reporteros.
Defensa y votación
Luego de leerse los cargos, los magistrados Imelda Tumialán, Aldo Vásquez, Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala, Guillermo Thornberry y Tello ejercerán por separado su derecho a la defensa. Todos estarán acompañados por sus abogados quienes serían los constitucionalistas Samuel Abad Yupanqui y Omar Cairo.
Tras terminar su participación, los integrantes de la JNJ se retirarán del hemiciclo para que los parlamentarios inicien el respectivo debate que durará por un espacio de dos horas sin interrupciones ni tiempo adicional. La Mesa Directiva de Alejandro Soto será la encargada de establecer los tiempos correspondientes para las bancadas que estarán presentes.
Nos referimos a Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso, Acción Popular, Bloque Magisterial, Avanza País, Renovación Popular, Somos Perú, Podemos Perú, Cambio Democrático, Perú Bicentenario, Unidad y Diálogo, y los no agrupados.
Se requieren de 87 votos para remover a toda la JNJ. Si no se llega a respaldar el informe final en mayoría, se procederá a sustentar y votar el informe en minoría elaborado por la legisladora Ruth Luque (Cambio Democrático), quien recomienda que todo el proceso sea mandado al archivo.

Hay que precisar que la Junta de Portavoces desestimó el pedido de la JNJ para que los integrantes de la Comisión de Justicia no voten en la sesión porque “ya habrían adelantado opinión”.
“Los citados miembros de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos han cumplido un rol investigador o instructor, lo que ha conllevado a una toma de posición y a la emisión de opinión y voto, sea a favor de la remoción de los miembros de la JNJ, sea en contra o en abstención. Es principio universal, propio del debido proceso, el de imparcialidad, no siendo aceptable en consecuencia que quien ya emitió opinión y voto sobre la materia en condición de investigador o instructor, mude ahora su condición a la de juzgador”, protestaron en un documento enviado el 2 de noviembre pasado.
Atención internacional
Lo que vaya a ocurrir con la JNJ en el Congreso es seguido muy de cerca por la comunidad internacional.
La Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, expresó su “preocupación” con la posibilidad de que la representación nacional destituya a los siete miembros.
“La presión sobre funcionarios de alto nivel a través de acusaciones constitucionales, así como los presuntos intentos de destituir a miembros del JNJ, pueden equivaler a una interferencia en la independencia de esta importante institución”, anotó en una declaración.
Hoy también se conoció la postura de Human Rights Watch que refirió que la arremetida del Parlamento contra la JNJ forma parte de un plan para controlar los organismos constitucionales autónomos.
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