Desde ahora, los reportes crediticios de las centrales privadas de información de riesgos (CEPIR) ya no se podrán usar como elemento de elegibilidad en los procesos de postulación a un empleo, sea en el sector público o privado, excepto en las áreas de contabilidad y finanzas.
Así lo aprobó el pleno del Congreso de la República, luego que por una votación en mayoría, y bajo la figura de la insistencia, aceptara la autógrafa del proyecto de ley que restringue el uso de información de las centrales de riesgo. El objetivo de la norma es que las empresas no hagan un uso desproporcionado en la selección de personal en el sistema laboral.
El Poder Legislativo dio la luz verde a la ley con 106 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones. En la previa, se conocía que la propuesta tenía buena acogida entre las bancadas parlamentarias.
De acuerdo al texto de la nueva normativa, las empresas públicas o privadas deberán primero obtener el permiso por escrito de la personas que postula a un trabajo, si desea acceder al uso del reporte crediticio que emiten justamente las CEPIR.
Ya no podrá se causal de exclusión
Además, se enfatiza que ahora la información de las centrales de riesgo no podrá ser causal de exclusión en cualquier fase de la convocatoria, porque implicaría un ‘acto discriminatorio’.
Cabe señalar que están excluidos de los alcances de la nueva ley los postulantes a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), así como a las entirdades que estás supervisan como bancos, financieras, cajas municipales, administradoras de fondos de pensiones, casas de bolsa, entre otras que puedan operar en esos sectores.
La normativa también es clara al señalar que el reporte de crédito no puede incluir ‘juicio de valor’ sobre las personas a las que las centrales califican.
Las CEPIR son empresas privadas que recoletan y brindan información respecto del comportamiento de pago de personas naturales y jurídicas. En el caso de nuestro país, operan compañías como Equifax, Sentinel, Infocorp, entre otros.
Se busca eliminar cualquier tipo de limitación
Las centrales de riesgo emiten estos reportes y asignan una calificación a la persona. Estas pueden ser normal (sin atrasos en el pago de sus deudas), con problemas potenciales (con atrasos ocasionales), deficiente, dudoso y en pérdida. Las tres últimas mencionadas son tipos de atrasos que hacen a la personas inelegible para acceder a créditos del sistema financiero y, para algunas empresas, motivo suficiente para ser sacado de postulación.
Actualmente, en algunas convocatorias laborales se considera si el postulante se encuentra en la central de riesgo por una deuda bancaria o de otro tipo. Esto es una factor determinante para dejar de lado a un candidato y negarle que continúe el proceso por el puesto.
Los parlamentarios a favor de la ley manifestaron que se busca “eliminar cualquier tipo de limitación de acceso al trabajo, teniendo en cuenta la situación de miles de compatriotas quienes se han visto afectados en su calificación de historial crediticio por temas ajenos a su control”.
El año pasado, el Poder Ejecutivo observó el proyecto de ley por considerar que establecia un trato discriminatorio a favor de las instituciones financieras, en sus procesos de contratación de personal. Sin embargo, el Congreso omitió esto e insistió en su aprobación.
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