El Tribunal Constitucional revisó este jueves la demanda competencial planteada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en contra de los siete miembros que integran la Junta Nacional de Justicia (JNJ), a fin de que cesen las investigaciones en su contra. Ello, luego de un informe de dicha institución, resolviera el posible inicio de un proceso disciplinario por una serie de cuestionamientos en los que la fiscal se encuentra inmiscuida.
La demanda de Benavides Vargas fue el último de un total de 10 procesos que los magistrados del TC revisaron en el pleno que dio inicio este jueves a partir de las 2:00 p.m. en su audiencia descentralizada, realizada esta vez desde la Arequipa. Junto a esta denuncia también se revisarán otros casos que han llegado ante el ente que es conocido como el máximo interprete de la Constitución en el Perú.
También señaló que la norma obliga a la JNJ a calificar las denuncias que se presentan y determinar su procedencia, con lo cual se inicia como un caso preliminar, “no un proceso disciplinario directamente”. La corte constitucional dejó al voto la demanda competencial y deberá resolver el caso en 30 días hábiles.
Como se sabe, contra Patricia Benavides existían un total de dos investigaciones en las que se le señalaban diferentes infracciones. De las dos, una de ellas ya se encuentra en la etapa de procedimiento disciplinario. Es a raíz de esta situación que Benavides ha ejecutado una serie de acciones para defenderse, tanto en el ámbito judicial como en el caso Constitucional, que es el que lleva a que el TC atienda su demanda.
¿Qué investigaciones busca obstaculizar Benavides?
En agosto de este año, un informe de IDL-Reporteros precisó que de estas dos investigaciones, una de ellas se encontraba finalizada y comprendía las acciones emprendidas por la Fiscal de la Nación en contra de diversos equipos de fiscales que revisan casos emblemáticos.
Estos casos comprenden la remoción de la fiscal Bersabeth Revilla, quien investigaba a la hermana de la fiscal, la exjueza Emma Benavides (quien es investigada por el presunto cobro de coimas a narcotraficantes); además de las indagaciones por los repetitivos cambios que ha enfrentado el Equipo Especial “Cuellos Blancos”; así como la existencia de las llamadas de Benavides con el empresario Antonio Camayo, implicado en el caso previamente citado.
La otra investigación que implica a Benavides y por la que aún no existe un informe con una decisión final; es la investigación iniciada en contra de la fiscal suprema por haber recibido una condecoración de manos del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga; quien se encuentra investigado por lavado de activos en un despacho de competencia de la titular del Ministerio Público.
Pese a que existen todas estas investigaciones en proceso, en la actualidad ninguna de ellas puede proseguir debido a una medida cautelar en favor de Benavides otorgada por la jueza supranumeraria, Jacqueline Tarrillo; quien, a pedido de Benavides en el Poder Judicial, solicitó la suspensión de toda indagación.
“Conceder la medida cautelar solicitada por Liz Patricia Benavides Vargas en contra de la Junta Nacional de Justicia y disponer, de forma provisional, la inmediata suspensión de las investigaciones preliminares seguidas por la Junta Nacional de Justicia en contra de la fiscal, en los expedientes N° 001-2023-JNJ y N° 008-2023-JNJ; así como todos los actos derivados de las denuncias e investigaciones prelimibares seguidos por la JNJ”, se lee en la resolución.
Las intenciones de Patricia Benavides con la demanda competencial
Según la admisión de la demanda a la que Infobae Perú tuvo acceso, la fiscal de la Nación sostiene que “la JNJ ha abierto investigaciones preliminares y, eventualmente, instaurado procedimientos administrativos e impuesto sanciones de carácter disciplinario a fiscales supremos; y ha incurrido en idéntico vicio competencial”.
Asimismo, en la solicitud presentada por Benavides, la fiscal señala que los actos comprendidos en la investigación por la remoción y cambios de fiscales que integran el Equipo Especial del caso ‘Cuellos Blancos’, “se vinculan con la administración interna y a la gestión del Ministerio Público en el marco de su autonomía constitucional”, motivo por el que se plantea la demanda. Con estas exposiciones, la titular de la Fiscalía de la Nación busca la eliminación de todas estas investigaciones.
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