
Cuatro organizaciones feministas solicitaron este viernes la dimisión de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Nancy Tolentino, ante la denuncia de una menor abusada sexualmente por un psicólogo que le brindaba seguimiento a través de la Unidad de Protección Especial (UPE), una instancia del portafolio.
“Las infancias deben ser protegidas por el Estado y jamás revictimizadas”, se lee en el pronunciamiento liderado por Manuela Ramos y secundado por el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus) y la institución Flora Tristán.
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Según un informe difundido por Epicentro, la semana pasada, un grupo de especialistas del Centro de Emergencia Mujer (CEM) y agentes de la Comisaría de Yarinacocha (Ucayali) realizaron una visita a los asentamientos y las comunidades nativas de la zona, algunas de ellas muy alejadas de la ciudad.
Junto a una trabajadora social, el imputado respaldaba a una sobreviviente de explotación sexual que, pese a su estado de vulnerabilidad, no había sido internada en un albergue. La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público el pasado 20 de septiembre y, al día siguiente, Yacila Ortega quedó prohibido de ingresar a las instalaciones del MIMP.
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La fiscal María de los Ángeles Torres, titular de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Yarinacocha, confirmó que el agresor se encuentra no habido, mientras que la sobreviviente es atendida en un hospital de Ucayali y aguarda que una junta médica apruebe el aborto legal.
Todo embarazo infantil es considerado tortura y, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las niñas forzadas a gestar tienen hasta cuatro veces más probabilidades de enfrentar complicaciones con posible peligro mortal.
Según cifras oficiales, entre enero y diciembre del año pasado, se registraron 243 niñas gestantes menores de 15 años en Ucayali, la segunda región con más casos después de Loreto. El último informe del Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas (UNFPA) reveló, por su parte, que esta región incrementó en casi un 45% los nacimientos en madres menores de 15 años del 2020 al 2022.
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A inicios de octubre, la Directora Regional de Salud de Ucayali, Antonia Hinostroza, difundió el caso de una menor de 10 años que fue conducida por su madre a una posta médica de la comunidad de Mazaray, en esta misma región, para pasar por un control prenatal. Estaba embarazada de su padrastro, Mario Yumbato (53), quien la abusaba sexualmente desde inicios de año.
Al evaluar el caso, la junta médica concluyó que no era no es posible practicarla porque habían pasado las 22 semanas establecidas en el protocolo del Ministerio de Salud. Posteriormente, un psiquiatra concluyó que hay un “problema estresante” por los ataques sexuales, pero desestimó que la niña tenga afectación sicológica.
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