Luego del fracaso del alcalde metropolitano Rafael López Aliaga en remover los peajes, la Municipalidad de Lima aceptó el arbitraje internacional que inició Rutas de Lima ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). Como parte de este procedimiento, la comuna acordó desembolsar 12.836.409 millones de soles para costear su defensa internacional.
Según documentación a la que accedió Infobae Perú, el millonario monto corresponde a 4 servicios:
- 2.400.000 dólares (equivalente a 9.222.347 soles) = Contratación del servicio de patrocinio legal de un estudio o firma de abogados no domiciliado para la Municipalidad Metropolitana De Lima en el arbitraje internacional seguido por la empresa Rutas de Lima
- 803.952 soles = Contratación de una persona jurídica para la elaboración de informes periciales respecto al alcance técnico del TRÁFICO para el arbitraje internacional ad hoc iniciado por la empresa Rutas de Lima
- 1.516.715 soles = Contratación de una persona jurídica para la elaboración de informes periciales respecto al alcance técnico de la CONSTRUCCIÓN para el arbitraje internacional ad hoc iniciado por la empresa Rutas de Lima
- 1.293.395 soles = Contratación de una persona jurídica para la elaboración de informes periciales respecto al alcance técnico de DAÑOS para el arbitraje internacional ad hoc iniciado por la empresa Rutas de Lima
En el marco de este arbitraje internacional, el Tribunal Arbitral Ad Hoc de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional dictó una medida cautelar para que se le ordene a la Municipalidad de Lima suspender el proceso de caducidad del contrato de concesión con Rutas de Lima.
La Municipalidad había decidido unilateralmente resolver el contrato con el consorcio y había fijado el 29 de julio como la fecha en la que el control de los peajes pasaría a la administración edil. Esto nunca ocurrió.
La defensa en el arbitraje contra Rutas de Lima
La adjudicación de los 4 servicios expuestos líneas arriba fue por contratación directa, a pedido de la Procuraduría Pública de la Municipalidad de Lima, que está a cargo del abogado Diógenes Antonio Del Castillo Loli.
Se optó por la contratación directa debido a que se trata de un servicio de asesoría legal en defensa de los intereses de la Municipalidad de Lima, tal como lo habilita el inciso k) del artículo 27 de la Ley de Contrataciones con el Estado.
A la fecha, únicamente se ha otorgado la buena pro. La suscripción del contrato se realizará una vez que este se haya perfeccionado.
El desembolso más oneroso —el de la defensa legal— será a favor del estudio norteamericano Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP. El monto de 2.400.000 dólares corresponde a un servicio que deberá ejecutarse por 3 años o hasta que el Tribunal Ad Hoc emita el laudo que ponga fin a la controversia.
Respecto a las contrataciones para la elaboración de los informes periciales (TRÁFICO, CONSTRUCCIÓN y DAÑOS), las 3 fueron adjudicadas a la consultora J.S. Held Spain. La empresa deberá entregar un total de 9 informes (3 por cada concepto) en determinadas fechas hasta diciembre de 2024.
El tiro por la culata
El empecinamiento de Rafael López Aliaga —como era de esperarse— en intentar remover a Rutas de Lima de manera unilateral le jugó en contra ya que esta presunta vulneración del contrato de concesión podría acabar en un nuevo laudo desfavorable para la Municipalidad de Lima.
Para eso se debe precisar que Rutas de Lima inició el arbitraje internacional en diciembre de 2022 —solo días antes de que López Aliaga asuma oficialmente las riendas de la capital— por los siguientes hechos:
- Supuesto incumplimiento en la entrega de los terrenos correspondientes para el Tramo Ramiro Prialé, conforme a lo previsto en el contrato, y la compensación que le correspondería a Rutas de Lima por no haber podido implementar las unidades de peaje en dicho tramo y, por lo tanto, no haber podido recaudar la tarifa de peaje correspondiente
- El supuesto impedimento o bloqueo por la MML al derecho de Rutas de Lima de implementar el reajuste por inflación de las tarifas de peaje, conforme a lo previsto en el contrato, y la compensación que le correspondería a Rutas de Lima dados los daños resultantes por dicha conducta
- La supuesta omisión por parte de la MML en tomar medidas para que se eliminen los puntos de fuga en las unidades de peaje Huaylas y Villa, ubicadas en el tramo Panamericana Sur, y la compensación por la recaudación de peajes no percibida a causa de dichos puntos de fuga
- La supuesta ruptura al equilibrio económico-financiero del contrato, dadas ciertas modificaciones a las leyes y disposiciones aplicables al contrato (Ley 31018 y disposiciones del Gobierno central durante la pandemia), y la compensación que le correspondería a Rutas de Lima dada dicha ruptura al equilibrio económico-financiero del contrato
Como se aprecia, los hechos denunciados por el consorcio no estaban vinculados a la gestión de Rafael López Aliaga, sino a gestiones anteriores.
Sin embargo, esto cambiaría en el primer mes de la gestión de líder de Renovación Popular, cuando el Concejo Metropolitano de Lima resolvió de manera unilateral el contrato de concesión con Rutas de Lima.
Al ver una presunta vulneración al acuerdo, la empresa solicitó al Tribunal Ad Hoc incorporar como una nueva controversia la anulación del contrato.
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