El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunciaron este jueves sobre el intento de remoción orquestado desde el Congreso contra los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el máximo organismo de control de la Judicatura.
El tribunal electoral, presidido por Jorge Salas Arenas, hizo un llamado a “preservar el Estado del derecho [...] a fin de garantizar la estabilidad democrática”. De igual modo, reafirmó que “en los procesos fiscalizadores o de control” es importante asegurar “el cumplimiento del debido proceso, ya que su observancia asegura el respeto de los derechos y libertades de las personas y la sociedad”.
El JNE recalcó, además, que “una fuerte adhesión al Estado de derecho permitirá contar con un sólido sistema legal y una cultura con convicción democrática al servicio de la Nación”.
“Para ello se requiere que todos nos mantengamos vigilantes ante cualquier vulneración o amenaza del mismo, en el compromiso común de defender la democracia cuya recuperación le ha costado mucho al Perú”, sentenció.
La CIDH, por su parte, se declaró preocupada ante “la modificación abrupta” del nuevo informe elaborado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que propone la destitución de los siete juristas por presunta “causa grave en el ejercicio de sus funciones”.
La decisión fue tomada con 15 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, y ahora el informe deberá ser redactado y enviado ante el pleno para su debate y votación. Los legisladores que promueven la medida, liderados por Patricia Chirinos (Avanza País), alegan que hubo una “intromisión” de los miembros de la JNJ en las funciones del Parlamento.
Esta decisión, según la CIDH, “podría afectar la independencia del Sistema de Justicia, y del principio de separación de poderes”. El organismo indicó que “los controles políticos de la actividad de las personas operadoras de justicia basados en criterios de discrecionalidad o razones políticas, por su propia naturaleza, resultan contrarios a las garantías de independencia e imparcialidad que deben ser observadas en los procesos disciplinarios en conformidad con el derecho internacional”.
“Por tal motivo, todos los procedimientos que puedan conducir a la destitución de personas operadoras de justicia deben guiarse por el principio de legalidad y el debido proceso”, subrayó.
Durante una reunión extraordinaria en Washington (EE.UU), el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, se difinió como aliado del Perú “para defender la democracia en este tiempo de crisis y cambios bruscos”.
El abogado y diplomático agregó que solo los valores democráticos “permiten sobrellevar capítulos complejos” y “convertirse en referentes” de resiliencia. “No en vano, la Carta Democrática Interamericana vio la luz en Lima en 2001 y estoy seguro de que esos valores seguirán guiando a Perú en ese período”, confió.
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