La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso concluyó en su investigación sumaria contra los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que no cometieron ninguna falta grave en el ejercicio de sus funciones. Con ello, desestimó totalmente las imputaciones hechas por la legisladora Patricia Chirinos (Avanza País), quien buscaba removerlos de sus cargos a través de una simple moción.
En el informe final de cien páginas, al que Infobae Perú tuvo acceso en exclusiva, el grupo de trabajo liderado por Janet Rivas, de la bancada de Perú Libre, descarta una a una las denuncias que Chirinos Venegas entabló contra la JNJ.
Sin embargo, el documento también detalla que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debería analizar si los magistrados Imelda Tumialán, Aldo Vásquez, Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala y Guillermo Thornberry son sometidos al artículo 99 de la Carta Magna al interpretar el límite de edad con el que Inés Tello podría ser parte de la JNJ y por la no presentación de los informes anuales como institución.
Recomiendan al pleno de la JNJ que evite pronunciarse sobre las investigaciones que hayan en otros poderes del Estado. Todo lo actuado será sometido a votación en la sesión de mañana en la Comisión de Justicia. Si se aprueba tal como está, entonces pasará al Pleno para su ratificación final.
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Se conoció que ante el inminente fracaso de su moción, la legisladora Chirinos pidió a la Comisión de Justicia que exista una ampliación de siete días más e incluyó que también se indague si la JNJ cometió alguna irregularidad en la designación de Antonio Fernández Jerí como jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público.
Conclusiones
El informe final desglosa cada denuncia que Chirinos interpuso contra la JNJ. En primer lugar, abordaron el comunicado suscrito por Imelda Tumialán, Aldo Vásquez, Henry Ávila, Antonio Humberto de la Haza e Inés Tello por el caso de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos.
A consideración de la Comisión de Justicia, “no se encuentra causa grave, toda vez que, el comunicado escrito, colgado y difundido es un documento público que no causó efecto en el proceso que llevó el Congreso de la República ni causó presión alguna sobre los congresistas votantes en el mes de junio del presente año en contra de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos”.
“Éste siguió su curso normal, llegando a los resultados que ya conocemos, esto es, la inhabilitación de la exfiscal”, mencionan en el documento.
Como decíamos al inicio de esta nota, la Comisión de Justicia le traslada la tarea a la SAC para que debata si es que los miembros de la JNJ cometieron infracción constitucional al interpretar el límite de edad con el que Inés Tello debió ser integrante de esta entidad y por no presentar a tiempo los informes anuales que deberían entregar.
Hay que mencionar que el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) ha presentado una denuncia constitucional por estos temas y la Comisión Permanente ha dado un plazo de 15 días para que haya una investigación preliminar.
Finalmente, respecto a la presunta filtración de información de la JNJ al portal IDL Reporteros sobre las investigaciones contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, concluyeron que después de las averiguaciones y los documentos a los que accedieron no se ha podido comprobar que algún miembro esté involucrado en ese aspecto.
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