
Tras conseguir las facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana por parte del Congreso, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte decidió promulgar este jueves una peligrosa norma que provocaría que la Policía Nacional del Perú (PNP) pueda detener a una cualquier persona que sea percibida, bajo su criterio, como “sospechosa” de haber cometido o sido participe de un delito.
En el decreto legislativo N°957, publicado hoy en el diario oficial El Peruano, se indica una modificación en el numeral 4 del artículo 205 del Nuevo Código Procesal Penal. Este dispositivo legal está referido al control de identidad que los agentes de la PNP realizan en intervenciones de rutina por las calles.
“La Policía, en el marco de sus funciones, sin necesidad de orden del Fiscal o del Juez, podrá requerir la identificación de cualquier persona y realizar las comprobaciones pertinentes en la vía pública o en el lugar donde se hubiere hecho el requerimiento, cuando considere que resulta necesario para prevenir un delito u obtener información útil para la averiguación de un hecho punible. El intervenido tiene derecho a exigir al Policía le proporcione su identidad y la dependencia a la que está asignado”, dice la ley.
Sin embargo, hay detalles adicionales que facultarán a la PNP para ejecutar dicha labor.

En caso no sea posible la exhibición del documento de identidad a la persona que lo soliciten, según la gravedad del hecho investigado o del ámbito de la operación policial practicada, la PNP tendrá en cuenta las siguientes disposiciones que estarán bajo su exclusivo criterio.
Lo primero es que trasladará a la persona “sospechosa” a un dependencia policial, donde podrán tomarle, incluso por la fuerza, fotos, huellas digitales y otras mediciones biométricas con el fin de verificar si registra alguna requisitoria. Esto podría durar cuatro horas aproximadamente.
Lo segundo está relacionado al caso de los ciudadanos extranjeros, quienes serán detenidos por doce horas y pasarán por el procedimiento antes descrito que la PNP realiza con un peruano. Ahora bien, si se verifica que tienen antecedentes policiales, penales o judiciales en su país de origen o de cualquier otro país, entonces se informará a la Superintendencia Nacional de Migraciones para que proceda de acuerdo a ley.

Esta modificación forma parte del denominado ‘Plan Boluarte’ como el premier Alberto Otárola lo había bautizado en agosto pasado cuando se presentó ante la Comisión de Constitución y Reglamento para sustentar el pedido de facultades legislativas.
‘’Aquí no habrá un plan Bukele, aquí habrá un plan Boluarte y consiste en hacer aquello que mejor hayan hecho otros gobiernos. ¿El señor Bukele que de bueno ha hecho? Ha puesto a los policías a cuidar los paraderos y a que se suban a los buses y microbuses para proteger a la ciudadanía, ha fomentado el deporte en aquellas zonas donde se han recuperado la delincuencia. En nuestro gobierno vamos a implementar esta y otras medidas, teniendo en cuenta la particularidad de nuestro país’', explicó.
“Este paquete de normas son alrededor de 50 leyes de las cuales 30 pertenecen al sector Interior que guardan relación con la regulación de los robos en motos, que guardan relación con el acercamiento que debe tener la policía con la población y los municipios”, acotó.
Problemas
El abogado penalista Carlos Caro indicó que existirían dos problemas con la modificación del artículo 205 del Nuevo Código Procesal Penal que está referido al control de identidad ejecutado por la PNP.
“Se trata de un control por “sospecha”, cuando el Policía quiere y sin control de un superior u otra autoridad, un gran espacio para el abuso y discriminación policial”, acotó.
Por otro lado, el letrado señaló que “sean 4 o 12 horas, es una detención policial, llamarla “retención” es un eufemismo para evitar el control judicial o cualquier otro”.
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