Luego de conocerse del informe de la Contraloría que advierte de su falta de requisitos para el cargo de procurador general del Estado, Daniel Soria Luján salió al frente y cuestionó a las personas que elaboraron el documento. En diálogo con RPP, el funcionario señaló a Jorge Llamoctanta y José Guerrero de haber utilizado los mismos argumentos cuando se intentó destituirlo durante la gestión de Aníbal Torres en el Ministerio de Justicia.
“Este informe nuevamente ingresa a un tema que ya había sido explicado y zanjado, que es el cumplimiento de los requisitos para ser procurador general del Estado [...]. En enero de 2022, esta oficina de la Contraloría que está en el Ministerio de Justicia hizo un informe en el cual señaló que no cumplía con los requisitos y el ministro Aníbal Torres dispuso que se emita la resolución de mi cese (sin que aparezca el informe en la resolución) y, por otro lado, que se me denunciara penalmente”, agregó.
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En ese sentido, mencionó que, como es de conocimiento público, impuso un proceso de amparo con el cual fue restituido, ya que “el Poder Judicial dijo claramente que el procurador general del Estado solo puede ser destituido por la comisión de una falta grave”.

“La sentencia de amparo ha ratificado que la comisión de faltas graves establecidas en nuestras normas son el supuesto de destitución del procurador general del Estado. Se comete una falta, se hace un procedimiento, se toma una decisión y se destituye. Fuera de eso, estamos hablando de acciones que efectivamente afectan la autonomía y frente a las cuales tomaré mi decisión de cuestionarlas frente al Poder Judicial”, agregó en conversación con el medio.
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¿Qué dice el informe de la Contraloría?
El dominical Contracorriente emitió el informe que señala que Daniel Soria no cumple con los años de experiencia mínima requeridos para el puesto. Consultado por el programa, el funcionario advirtió que evaluará tomar acciones legales contra los auditores.
“Yo cuestiono la idoneidad de estos dos auditores, me preocupa mucho que la Contraloría General de la República no pueda evaluar esta idoneidad. Me someto a cualquier investigación y estoy a la espera de la decisión del Ministerio de Justicia”, mencionó y aclaró que fue la cartera solicitó que se le denuncia penalmente por negociación incompatible.
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Asimismo, se refirió a su falta de trayectoria e indicó que ejerció la defensa jurídica del Estado cuando trabajó en la Adjuntía de Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo durante casi 5 años. No obstante, el programa mencionó que, cuando él entró, en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF vigente de la Defensoría) la adjuntía tenía otras funciones menos la defensa jurídica de la institución.
“Aquí, expresamente, la oficina de asesoría jurídica más bien era la que hacía la representación de la institución en asuntos específicos de índole legal e incluso colaboraba con la Procuraduría General de la República. ¿Cómo se acreditaría que en efecto tiene los años que dice usted defendiendo al estado?”, cuestionó el reportero.
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“Esa acreditación está en mi trabajo, en los 5 años que he trabajado, este es un ROF que luego se ha venido ampliando de acuerdo a las funciones que se han realizado por parte de todos los órganos”, respondió el procurador.
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