La Comisión de Justicia del Congreso de la República se niega a entregar información sobre la investigación sumaria que se le sigue a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por supuesta falta grave, pese a que el Poder Judicial la requirió para resolver un habeas corpus presentado a favor de los consejeros Imelda Tumialán (presidenta), Aldo Vásquez (vicepresidenta), Henry Ávila, Inés Tello, Antonio de la Haza, María Zavala y Guillermo Thornberry.
La información sobre la investigación fue solicitada el 9 de setiembre por el juez Juan Torres Tasso, del Noveno Juzgado Constitucional de Lima, a la presidenta de la Comisión de Justicia, la perulibrista Janet Rivas. Se exhortaba a que se alcance la documentación “en el día”. La omisión fue reportada por el secretario del juzgado.
“Del mismo modo, se ha procedido a notificar a la Junta Nacional de Justicia, a través de su Procuraduría Pública la demanda y actuados aparejados, sin embargo, es conveniente que se curse un oficio a dicha entidad, para que conozcan la admisión de la demanda, como entidad demandante, lo que hago de su conocimiento para los fines de ley pertinentes”, agregó.
Por ello, el magistrado Juan Torres Tasso reiteró su pedido a la Comisión de Justicia.
Cabe precisar que esta demanda de habeas corpus también alcanza a la jueza del del Sexto Juzgado Constitucional de Lima, Jacqueline Tarrillo Meneses, quien emitió una medida cautelar a favor de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para que las investigaciones disciplinarias que inició la JNJ inició en su contra sean suspendidas provisionalmente. Este despacho sí entregó la documentación solicitada por el despacho del magistrado Torres Tasso.
CIDH expresa preocupación por arremetida contra la JNJ
En un comunicado publicado este lunes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la investigación contra la JNJ y advirtió que la eventual remoción de todos los consejeros “afectaría sustancialmente las actividades de esta institución y contribuiría al debilitamiento de la independencia judicial en el Perú”.
El organismo reconoció la importancia del sistema de pesos y contrapesos que caracterizan a un estado de derecho. Sin embargo, alertó que la fiscalización “de la actividad de las personas operadoras de justicia basados en criterios de discrecionalidad o razones políticas” son “contrarios a las garantías de independencia e imparcialidad que deben ser observadas en los procesos de disciplinarios en conformidad con el derecho internacional”.
“Todos los procedimientos que puedan conducir a la destitución de personas operadoras de justicia deben guiarse por el principio de legalidad y el debido proceso. Ello exige que las conductas sancionables estén preestablecidas en términos estrictos y unívocos, de forma que acoten claramente los hechos punibles y fijen sus elementos. Asimismo, que las personas operadoras sean juzgadas por un juez competente, independiente e imparcial, asegurando en todo momento el derecho de defensa”, exhortó la CIDH al Congreso.
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