Mientras la situación penal de la congresista Magaly Ruiz ante la Fiscalía de la Nación sigue avanzando, las acciones en el Congreso de la República ante las últimas revelaciones brillan por su ausencia. Un silencio absoluto se ha apoderado de las comisiones encargadas de realizar una fiscalización en contra de la congresista Ruiz, luego de que un reportaje emitido durante el fin de semana revelara que una extrabajadora de su despacho también era víctima del recorte de sueldos.
Según la denuncia efectuada por la extrabajadora, quien también se encuentra en calidad de testigo en las investigaciones del Ministerio Público, el asesor principal de la congresista perteneciente a la bancada de Alianza para el Progreso, Johny Romero, le exigió a la testigo identificada como “María” el monto mensual de S/1.900 soles. Este monto corresponde a lo depositado por el Congreso por concepto de “bono alimenticio” a fin de mantenerla en el despacho de Ruiz.
De esta manera, se confirmaría el esquema delictivo que existía dentro del despacho congresal de la legisladora apepista, quien, según las dos denuncias, operaba mediante sus asesores. Pese a la confirmación de las denuncias, que incluso vinieron acompañadas con comprobantes de pago y voucheres; la Comisión de Ética no ha emitido respuesta alguna, tampoco la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y mucho menos la bancada de APP.
Blindaje en Ética se reafirma
Como se sabe, tras la primera denuncia revelada en mayo de este año, la Comisión de Ética del Congreso realizó una indagación en contra de la legisladora, pero el peso de su bancada no se hizo esperar y esta investigación interna concluyó con apenas una amonestación y el pago de una multa en contra de Magaly Ruiz. No obstante, en este segundo caso, ni siquiera se han precisado acciones a tomar al respecto.
Mientras tanto, desde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el proceso sigue con lentitud. El grupo de trabajo, que incluso está presidido por una colega de bancada de Ruiz,la legisladora Lady Camones, apenas ha procedido con la designación de los delegados encargados de la denuncia contra la cuestionada legisladora; quien se salvó de una suspensión por 120 días en el legislativo.
Tras esta designación se han dispuesto un total de 15 días para que el legislador pueda realizar la investigación correspondiente y proceda con la acusación constitucional que, según los antecedentes que se han planteado en el caso de Michael Urtecho, debería culminar con el desafuero de Magaly Ruiz.
La diferencia entre Cordero Jon Tay y Ruiz
Así como en el caso de Ruiz, el último domingo también reveló una denuncia en contra de la legisladora María Cordero Jon Tay; otra de las congresistas consignadas mochasueldo.
Luego de revelado el escándalo contra Cordero Jon Tay, la congresista Patricia Juárez, excolega de bancada, presentó ante la comisión de Ética del Congreso una denuncia a fin de que el hecho sea investigado en dicha comisión. En contraposición, la posición expresada por la bancada de Alianza por el Progreso a raíz de una denuncia más contra Ruiz, y por el mismo delito, es la de un silencio cómplice.
La legisladora Magaly Ruiz incluso se mantiene dentro de la bancada, pese al escándalo reiterado, y no muestra intención alguna de que se procesa con la destitución de Ruiz, ni mucho menos una suspensión. Como se sabe, esta es una de las bancadas con mayor cantidad de legisladores y la salida de Ruiz podría inclinar la balanza en su contra.
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