El futuro legal de Vladimir Cerrón podría definirse el próximo 6 de octubre. La Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Junín programó para ese día, a las 9:00 horas, la lectura de su veredicto sobre la apelación presentada por el líder de Perú Libre contra la sentencia que recibió por el caso Aeródromo Wanka.
Como se recuerda, el juez Guido Arroyo, del Sexto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializado en Corrupción de funcionarios de Junín, dictó el 7 de febrero pasado cuatro años de prisión efectiva contra Cerrón Rojas tras hallarlo culpable de la comisión del presunto delito de colusión en agravio del Estado.
La misma condena del PJ también alcanzó a Aldrin Zarate Bernuy, Irene Mercedes Carrión Romero, Luis Donato Araujo Reyes, Serafín Samuel Blanco Campos y Natali Yanina De la Vega Estrada en calidad de autores.
El magistrado dispuso que el exgobernador regional de Junín y las citadas personas también paguen de forma solidaria una reparación civil que asciende a los S/ 2 millones 18 mil.
Tesis fiscal
Desde el Ministerio Público argumentaron durante el juicio seguido a Cerrón por el caso Aeródromo Wanka que Cerrón y los demás imputados idearon todo un esquema para que se pueda dar la adjudicación directa y la suscripción del contrato que iba a construir la citada obra en Junín.
El líder de Perú Libre es involucrado en esta operación al haber concretado la firma del contrato con Luis García Morón, representante legal del consorcio Gran Aeródromo Wanka, en junio del 2014 sin que se acogiera una opinión técnica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
A criterio del fiscal adjunto provincial Jesús Miguel Canchanya Ríos, esta acción de Cerrón trasgredió la Ley Marco de Asociaciones Público Privadas al realizarse sin la autorización del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), ni de la Autoridad Aeronáutica Civil.
Además, se mencionó que hubo modificaciones en la autosostenibilidad del proyecto que provocó una falta notoria de transparencia y legalidad que puso en riesgo los recursos públicos.
La hipótesis fiscal fue rechazada por la defensa legal de Cerrón que ha señalado, en más de una oportunidad, que non existía “prueba de acto de la concertación, que el acto de colusión no existe” y que “estuvo dentro de su actuación como gobernador”.
Excongresista lo acusó
El origen de este caso que podría llevar a Cerrón a la cárcel se conoció en el 2015 por el excongresista Jesús Hurtado Zamudio (Fuerza Popular).
El fujimorista lanzó la advertencia que el contrato del ‘Aeródromo Wanka’ infringió la Ley de la Aeronáutica Civil del Perú (N°27261) y otras dos más durante una sesión de la Comisión de Transportes y Comunicaciones.
“La gestión [de Cerrón] pretendía engañar a la región al otorgar toda la responsabilidad presupuestal de su aeródromo a un privado, obviando que, según el Decreto Supremo N.º 050-2001, todos los aeródromos son públicos aunque sean de propiedad estatal, regional, municipal o privada. Con ello concluimos que si habría responsabilidades que asumir, inclusive de índole económica”, dijo en su presentación.
Luego, Hurtado dijo que el objetivo de Cerrón con esta obra era “un afán claramente reeleccionista” en el Gobierno regional de Junín. Anotó que el dirigente izquierdista prometió acabar el aeródromo en tres etapas, pero solo llegó a una.
La Contraloría General de la República también halló, en su informe N°130-2015-CG, las irregularidades en el contrato del Aeródromo Wanka y que ha servido para que la tesis de la Fiscalía para imputarle el delito de colusión a Cerrón que, por el momento, sigue inhabilitado para ejercer algún cargo público en el Estado.
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