¿Por qué el gobierno no declara en emergencia SJL a pesar de los crímenes, asaltos y extorsión que campean en el distrito?

Ante la creciente inseguridad en el distrito de San Juan de Lurigancho, los vecinos se enfrentan a robos diarios y hechos violentos que, en muchas ocasiones, derivan en el fallecimiento de las víctimas a manos del sicariato. Ante esta preocupante situación, el alcalde Jesús Maldonado mostró preocupación.

Ayer se registró una explosión en la discoteca Xander’s, provocada por una granada. El saldo fue de 15 heridos, entre los cuales había dos menores de edad. Varios de los afectados quedaron en el suelo, rodeados de sangre.

Días antes, en este mismo distrito, el más poblado de Lima, Sofía Andrea Chumbes Changanaqui, una mujer de 31 años, caminaba por las calles cuando fue abordada por delincuentes. Estos la atacaron con disparos con el objetivo de robarle sus pertenencias.

Pedido del Alcalde

Ante la creciente inseguridad, el alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, solicitó esta mañana a la presidenta de la Nación, Dina Boluarte, que, dada la crítica situación, se incremente el número de efectivos policiales o, alternativamente, se autorice a las Fuerzas Armadas a realizar patrullajes en el área.

No es la primera vez que el alcalde eleva esta solicitud al Gobierno Central. Ya en agosto había hecho el mismo pedido a las autoridades del Ejecutivo. En varias ocasiones, durante reuniones con las autoridades pertinentes, abordó esta problemática.

Sin embargo, señaló que la respuesta que siempre recibe es que no es posible aumentar la cantidad de policías en el distrito, que actualmente cuenta con tan solo 1.500 efectivos para una población de 1 millón 200 mil habitantes.

Pese a la ola de robos

El problema de la criminalidad en el país no es reciente. El mes pasado, el ministro del Interior, Vicente Romero, explicó sus razones para no declarar el estado de emergencia en Perú, a pesar del evidente aumento en actos delictivos y sicariato.

Además, Romero subrayó que el Ministerio del Interior (Mininter) apoya el proyecto de ley sobre la Policía de Orden y Seguridad. Según indicó, esta iniciativa tiene el propósito de garantizar la seguridad y tranquilidad de la población peruana.

“No abordamos este tema con pasión o romanticismo. Nuestra prioridad es brindar seguridad. Nuestro trabajo en el Ministerio del Interior está centrado en las personas, en garantizarles a todos ustedes y tranquilidad”, afirmó.

Ante el pedido anterior de Jesús Maldonado, Romero señaló la necesidad de evaluar la declaración, instó al burgomaestre a reunirse para explorar “nuevos mecanismos” frente a la creciente ola de crímenes en esa jurisdicción. También se comprometió a colaborar estrechamente con la autoridad municipal.

“Considero que nuestras Fuerzas Armadas son respetuosas del orden interno y nos proporcionan seguridad. Sin embargo, su rol principal es diferente. No queremos replicar la situación que se vive en Centroamérica, donde hay serios problemas en términos de derechos humanos. Están entrenados para la guerra; su función es distinta”, comentó en una entrevista con TV Perú.

Dina Boluarte culpa a los migrantes

En el mes de abril, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, respondiendo a las preocupaciones de inseguridad ciudadana, en la que se centró en la relación percibida entre la delincuencia y los migrantes en el país, aunque sin presentar datos concretos para respaldar esta conexión.

Boluarte señaló que muchos de los delitos cotidianos, como asaltos y robos, son cometidos por extranjeros, lo que la llevó a proponer reformas en la ley de extranjería y a abordar la cuestión migratoria. Destacó la entrada de un gran número de venezolanos y haitianos, pero no se dispone de estadísticas que correlacionen su presencia con el aumento de la delincuencia.

Además, se declaró el estado de emergencia en zonas fronterizas de siete regiones y se implementarán operativos policiales centrados en el control migratorio. Boluarte también anunció cambios en el reglamento de ley de migraciones, permitiendo a extranjeros en situación irregular registrarse y regularizar su estatus sin multas. Esta medida busca fomentar la formalidad en el mercado laboral.