La empresaria Sada Goray, encarcelada mientras enfrenta una investigación por la red de sobornos denunciada durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo, obtuvo una cédula de identidad en República Dominicana con una dirección domiciliaria que no existe, según un informe difundido el domingo por Cuarto Poder.
El reportaje ha desatado un escándalo en el país caribeño, donde la Junta Central Electoral (JCE) abrió un proceso a través de la Dirección de Cedulación, Registro Civil, Seguridad Civil y Registro Electoral. Román Jáquez, titular del JCE, solicitó remitir un informe sobre la emisión del documento a la procuradora fiscal sobre crímenes y delitos contra la identidad, Esther González.
“Estamos solicitando [también] que se notifique, vía la embajada dominicana en Perú, al equipo de fiscales que está investigando para que informe al pleno senatorial lo que ocurrió, los involucrados en el tratamiento de las residencias de nacionalidad a la familia de una mujer que era objeto de investigación por un hecho bochornoso”, dijo.

Lorenzo propuso ante el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, que el proyecto de resolución vaya a una comisión a plazo fijo de una semana. “Para que nosotros dejemos de ser el escondite de la delincuencia internacional en el presente gobierno”, siguió.
Entre los argumentos de su resolución, el político alegó que en República Dominicana, donde Goray declaró el año pasado ante fiscales peruanos, existen “serias deficiencias” en los procesos de seguridad para el otorgamiento de visado y documento de identidad.
Asimismo, hallaron una cédula de número 402-5427502-3, con “fecha de expiración el 31 de octubre de 2024″ y con “dirección de residencia en la avenida Italia Casa 23, sector Punta Cana, municipio de Higuey”, una zona que conduce a una galería poco concurrida, según la investigación del dominical.

Goray solicitó este documento en octubre del año pasado, un mes después que estallara el escándalo de sobornos. El acta fiscal también consigna un bolso que contenía USD 4.890 y S/ 1.500, y se encontraba sobre una cama en el hotel Costa del Sol, aledaño al aeropuerto Jorge Chávez, donde pasó sus últimas horas en libertad.
El oficio menciona, igualmente, un manuscrito en el que se leen líneas como “acuerdo colaboración eficaz”, “presidenta Perú camino”, “servir pobres”, o palabras de admiración hacia la fiscal superior Marita Barreto, coordinadora del equipo que investiga su caso.

Goray ha reconocido el pago de cuatro millones de soles a la red corrupta instalada en el Ministerio de Vivienda para que su inmobiliaria, Marka Group, lograra la adjudicación de obras. Agregó que Salatiel Marrufo, exasesor del exministro Geiner Alvarado, le indicó que este monto estaba destinado a “cumplir compromisos políticos”, así como a “la planilla” del exmandatario y sus hermanos.
Ambos ―enfrentados a 30 meses de prisión preventiva— son piezas clave para desentrañar la trama de Castillo, presunto líder de la red criminal y recluido en Barbadillo por cargos de rebelión y corrupción.
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