El abogado de la fiscal de la Nación Patricia Benavides, el constitucionalista Aníbal Quiroga, se mostró en contra de la “investigación sumaria” del Congreso de la República contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por supuesta falta grave y calificó una eventual destitución de los consejeros como “una exageración y un despropósito constitucional”.
“Es altamente inconveniente para el país y para la propia institucionalidad porque la Constitución establece no solo el derecho al debido proceso, sino también el proceso de proporcionalidad y razonabilidad, lo mismo que se le exige a la Junta Nacional de Justicia. Por lo tanto, pretender que por lo que tiene la moción de la señora Chirinos toda la Junta debe ser defenestrada parece una exageración y un despropósito constitucional. Nadie puede estar de acuerdo, sanamente, con eso”, declaró Quiroga en entrevista con RPP.

“Yo defiendo a la doctora Benavides en un amparo contra la Junta Nacional de Justicia y colaboro con la defensa del Ministerio Público frente al Tribunal Constitucional contra la Junta Nacional de Justicia. Por eso mismo, no nos cae bien lo que está pasando en el Congreso. No nos facilita la defensa porque más de uno va a decir ‘Hay una especie de acuerdo entre Ministerio Público con el Congreso’. Tal acuerdo no lo hay. Desde el punto de vista de la defensa, es más bien un fastidio lo que está pasando en el Congreso”, agregó.
En esa línea, el constitucionalista Aníbal Quiroga aseguró, tal como sostienen algunos parlamentarios, se le viene a la memoria no el caso del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura copado por Los Cuellos Blancos del Puerto, sino de tres magistrados del Tribunal Constitucional destituidos arbitrariamente por el Congreso fujimorista en 1997 por oponerse a la ley de interpretación auténtica. Se trata de Guillermo Rey Terry, Manuel Aguirre Roca y Delia Revoredo, quienes llevaron su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Terminaron regresando por una sentencia famosa de la Corte Interamericana y eso pasaría si el Congreso materializa este despropósito. Tarde o temprano, con una decisión judicial o una decisión de la Corte o con una medida cautelar, van a terminar regresando más empoderados. Es una suerte de boomerang. No necesariamente actuar de esa manera es conveniente para nadie. No tiene mucho sentido lo que está pasando”, apuntó Quiroga.
Finalmente, el abogado de la fiscal de la Nación resaltó el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal Peruana, que “pone el acento donde debe de estar: es un tema de institucionalidad democrática y de cumplimiento de las normas”.
“No porque el Congreso tenga la mayoría o lo que pueda hacer tiene el derecho a defenestrar a todo la Junta Nacional de Justicia”, aseveró.
Conferencia Episcopal: Enfrentamiento genera inestabilidad
En un comunicado difundido el último miércoles, la Conferencia Episcopal Peruana aseguró que el Perú vive una crisis “que está generando mayor inestabilidad” luego de que el Congreso aprobara investigar por supuesta falta grave a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
“Este enfrentamiento entre dos órganos constitucionales del Estado está generando un grave daño a la estabilidad e institucionalidad democrática, poniendo en riesgo la legalidad, la armonía social y lo establecido en nuestra Constitución”, se lee en la comunicación.

“Este conflicto debe solucionarse actuando con sabiduría y rectitud, desprendidos de apetitos personales y grupales, donde debe primar el interés por el Perú, el bien común de todos, como muy bien lo ha expresado el Papa Francisco a los miembros del Consejo Superior de Magistratura de Italia: ‘la independencia de otros poderes constituidos y un leal pluralismo de posiciones son los antídotos para evitar que prevalezcan las influencias políticas, las ineficacias y las deshonestidades vacías”, agregaron.
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