El congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) envió un oficio a su colega José Jerí (Somos Perú), titular de la Comisión de Presupuesto, para que no se disponga ningún monto del presupuesto general de la República del 2024 para los organismos que conforman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
En el documento se señala que en la sesión plenaria de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), realizada el pasado 22 de junio del 2023, se aprobó que el Estado peruano deberá abonar de manera regular una partida aproximada de US$ 1 431 800 para el próximo año. A juicio de Muñante, este dinero no debería salir de las arcas públicas.
“Los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (Comisión de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos), excediendo sus facultades y desvirtuando el propósito para el cual fueron creados, desde hace algún tiempo vienen realizando actos injerencistas en los asuntos internos del Perú”, se lee en el oficio.
Además, el integrante de Renovación Popular cita como ejemplo la reciente demanda aceptada al terrorista Víctor Polay Campos, exjefe del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), en la CIDH.
“Ningún tipo de emolumento o aporte destinado a los organismos que conforman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos hasta que no se garantice la imparcialidad y objetividad en sus decisiones”, agrega.
Otro pedido
Sin embargo, Alejandro Muñante no es el único legislador que propone que el Perú deje de aportar a la OEA. Rosselli Amuruz, integrante de la bancada de Avanza País y tercer vicepresidente del Parlamento, envió un escrito a la presidenta de la República, Dina Boluarte, para que suspenda el “pago de la cuota” que se le otorga a esta entidad.
A través de un oficio, solicitó a la dignataria que pueda “adoptar medidas urgentes” que busca encontrar defensa acorde a los “principios de democracia y derechos humanos”.
“Señora presidenta Dina Boluarte, es momento de evaluar la suspensión de la cuota de USD 968,500.00 para la OEA. No podemos permitir que algunas “ONG’s” con el argumento de defender los derechos humanos, protejan a terroristas y corruptos, lo cual debilita al Estado, al sistema democrático y a la tranquilidad de los ciudadanos”, se lee en el documento.
Amuruz también planteó que la Asamblea General de la OEA impida el financiamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) y que se aporte a organizaciones no gubernamentales. Con ello, aseguró, se garantizaría “neutralidad e imparcialidad” de los gobiernos.
Agregó que debería haber una nueva restructuración de los acuerdos e incluso que los países que no son parte del SIDH participen en la elección de los jueces de la Corte IDH.
La parlamentaria consideró que el Congreso y el Gobierno deben llegar a un consenso “normar el procedimiento de propuesta del Gobierno del Perú para Jueces, Jueces Ad Hoc y Comisionados, ante la Asamblea General de la OEA”. Esto con la finalidad que integren Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Actualmente, la OEA recibe una cuota de dinero de cada Gobierno. Desde el 2022 se estima que el Perú ha aportado más de 6 millones de soles, según la Asociación de Contribuyentes.
Proyectos en debate
Aparte de la propuesta de un sector del Parlamento de dejar de aportar a la OEA, también existen tres proyectos de ley en la Comisión de Constitución y Reglamento, liderado por la fujimorista Martha Moyano, que busca denunciar a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Los autores de las propuestas son Jorge Montoya (Renovación Popular), Wilson Soto (Acción Popular) y Segundo Montalvo (Perú Libre). Los tres legisladores buscan que el Perú se aleje del Pacto de San José de Costa Rica.
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