Con ocho votos a favor y cinco en contra, la Comisión de Ética Parlamentaria aprobó el informe final del Expediente N° 104-2022-2023/CEP-CR seguido contra la congresista Jhakeline Katy Ugarte Mamani (Unidad y Diálogo Parlamentario), que propone su suspensión por 30 días.
Ello, luego de que en la sesión anterior no hubiera consenso dado que seis legisladores votaron a favor de la propuesta de suspensión, mientras que ocho se abstuvieron.
Aunque el grupo liderado por Diego Bazán (Avanza País) tomó la decisión sobre un caso en especial, lo cierto es que tiene diversos cuestionamientos en su sombra. De hecho, la Fiscalía de la Nación la investiga preliminarmente por el delito de concusión. Ello, al ser acusada de recortar el sueldo de sus trabajadores para pagar publicaciones en prensa con el fin de mejorar su imagen en la región que representa, Cusco.
De acuerdo al reportaje del dominical Punto Final, los contratados como personal técnico del despacho entregaban S/ 200 y los asesores S/ 400 cada uno. De esta manera, llegaban a juntar hasta dos mil soles mensuales. Anteriormente, el Frente de Defensa de los Intereses del Distrito de Machupicchu (Fredim) la denunció ante el Poder Legislativo por presunto tráfico de influencias en la Dirección Desconcertada de Cultura Cusco (DDCC).
Aunque las investigaciones no parecen ser nuevas en su vida, tampoco lo es la irresponsabilidad. Tal es así que el Juzgado Penal Unipersonal de Canchis, en Cusco, la declaró reo contumaz al no acudir a la audiencia en su contra por el delito de difamación agravada, tipificados en el artículo 132, primer y tercer párrafo del Código Penal, en agravio del querellante particular Roberto Escobar Moreno.
“Se dispone la emisión de órdenes de captura a nivel local, regional y nacional para que el procesado sea puesto a disposición de este Órgano Jurisdiccional, a efecto de verificarse el juicio de inmediato”, afirma el documento. En respuesta, la legisladora aseguró que su ausencia es responsabilidad de su abogado, quien no la “notificó acerca de la audiencia virtual del 13 de setiembre”.
¿Por qué caso la Comisión de ética recomienda suspenderla?
La parlamentaria, que ingresó al Congreso de la mano de Perú Libre, podría ser suspendida —de ratificarse la decisión en el Pleno—, por el despido de la trabajadora de confianza identificada como Melissa Gómez Cáceres, pese a que se encontraba en estado de gestación.
En diálogo con Correo, la exintegrante del despacho de Ugarte detalló que ingresó a laborar como auxiliar en febrero del 2022 y que no hubo queja alguna sobre su desempeño laboral hasta que informó sobre su embarazo.
Incluso, mencionó que tuvo una reunión con la parlamentaria y su asesor Roger Torres Pando, donde le pidieron firmar una renuncia voluntaria. Luego de negarse, contó que se comunicaron con ella y le dijeron que Ugarte evaluaba denunciarla.
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