El jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, anunció este viernes que el Estado peruano aguarda una notificación oficial sobre la demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor del sentenciado fundador del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), Víctor Polay Campos, y anunció que ya está en marcha un plan de amparo ante el organismo internacional.
La estrategia incluye la reactivación del grupo de trabajo intersectorial para la defensa jurídica en casos de terrorismo ante el Sistema Interamericano (SIDH), que ya existía desde 2015 y ahora tendrá reuniones bimensuales, así como el “fortalecimiento” de las Procuradurías y “una visita al más alto nivel” a organismos internacionales “para posicionar la defensa del Perú”.
“No vamos a permitir que el señor Polay se valga del SIDH para enervar efectos de una sentencia [...] En el gobierno de Dina Boluarte, este terrorista no saldrá de prisión. Hacemos una invocación al Ministerio Público y Poder Judicial para evitar que esta hiena salga de prisión”, remarcó.
Durante su intervención, Maurate señaló que, hasta el momento, la Procuraduría no ha recibido ningún aviso oficial sobre la admisión de la demanda, que data del 2007. “Corresponde esperar pacientemente para reaccionar de inmediato. La Procuraduría está lista para contestar cualquier observación de la parte demandante. Como ya dijo el premier, [esta cartera] emitirá una resolución para activar el grupo de trabajo multisectorial, donde será incluido un representante del Ministerio Público y el Poder Judicial”, precisó.
Por su parte, Soria definió que la acusación del exemerretista “es un tema de Estado”, lo que “significa que hay que trabajar con una sola estrategia” para lograr una defensa eficiente. “Hay que recordar que el escrito de petición fue respondido oportunamente por el Estado a través de su Procuraduría internacional. Con posterioridad a esa respuesta, la CIDH consideró que los requisitos de admisibilidad se cumplen. Esta segunda respuesta obedece a ciertos tiempos para los que ya estamos preparados”, anotó.
El letrado resaltó que este trámite “no incide, bajo ninguna posibilidad, en un supuesto de liberación” del condenado por terrorismo a 35 años de cárcel en la Base Naval de El Callao, cuya sentencia vence en enero del 2026. “Tampoco estamos hablando, mucho menos, de una acción de traslado de sistema penitenciario”, siguió.
“La semana pasada, la Fiscalía provincial ya formalizó la denuncia ante el Poder Judicial por autoría mediata. Hemos solicitado [al despacho] del doctor Luis Valdivia que requiera prisión preventiva contra Polay y los demás acusados. [El exjefe del MRTA] tiene una investigación pendiente por apología al terrorismo, que está a punto de formalizarse”, refirió.
Carlos Llaja, procurador adjunto especializado supranacional, confió, a su turno, en que la demanda no llegará a etapa de fondo, donde la CIDH decide si hubo o no hubo violaciones a los derechos humanos en el caso analizado. “En la fase de fondo, que estamos iniciando, dura unos cuatro años [...] La prognosis es que no llegue a esta fase”, señaló.
“En el caso negado que llegara la fase final de la CIDH, que es el informe de fondo con recomendaciones, habría que decir que esos informes no son vinculantes, y la posición del Estado en materia de terrorismo es que no se da ni un paso atrás. La CIDH sabe que el Estado peruano, en materia de terrorismo, tiene una posición consolidada en la defensa de sus instituciones, de sus resoluciones judiciales y de todos los órganos en materia del sistema de justicia, y sobre todo una posición consolidada en el régimen penitenciario de personas que han hecho tanto daño al país como el cabecilla de una organización terrorista”, dijo.
La agrupación desapareció de la escena local cuando un comando dirigido por Néstor Cerpa ingresó a la residencia del embajador japonés en Lima para tomar cientos de rehenes en 1996, pero fueron abatidos en una operación militar de rescate cuatro meses después.
Previamente, Boluarte remarcó que “ni un solo sol del erario público será para pagar a terroristas”, pues “el dinero servirá para la salud, la educación y la seguridad de peruanas y peruanos”, en alusión a las pretensiones de la demanda de Polay.
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