
La Organización de Naciones Unidas (ONU) sigue llamando la atención a Perú por la mala gestión en materia legal ante el caso de Camila, una menor víctima de abuso sexual que fue revictimizada y criminalizada por el Estado luego de que se le negara el aborto terapéutico. Luis Ernesto Pedernera Reyna, vicepresidente del Comité Derechos del Niño de la organización, se presentó ante el Congreso y expresó su rechazo ante la falta de reparación de la menor.
Perú es el único país que ha recibido tres condenas de entidades internacionales por vulnerar derechos de niñas. En el caso de Camila, la niña salió embarazada como producto de una violación sexual. Aunque continuar con su estado de gestación representaba un riesgo para su vida, en el hospital de Abancay le negó la interrupción del embarazo.
Su cuerpo de apenas 13 años no estaba preparado para llevar a cabo un embarazo, por lo que tuvo un aborto espontáneo y fue sometida a un legrado uterino. Aunque parecía que su pesadilla terminaría ahí, recibió en su hogar la visita de una enfermera junto a un efectivo policial, quienes la obligaron a continuar con el embarazo. Cuando se enteraron que la niña ya no gestaba, la denunciaron por autoaborto.

El caso llegó hacia la Organización de Naciones Unidas, quien evaluó su caso y determinó que el Estado peruano había violado los derechos de la menor al negarle la posibilidad de acceder al aborto terapéutico. “Perú violó los derechos de una niña víctima de violación al no garantizarle el acceso al aborto y procesarla penalmente por autoaborto, según el Comité de la ONU”, comunicó.
Como parte de las medidas que dictó la institución, ordenó que el Estado brinde una reparación a la niña, pero esto no ha sucedido. A raíz de ello, el vicepresidente del Comité Derechos del Niño de Naciones Unidas, Luis Ernesto Pedernera Reyna, se presentó ante el Parlamento peruano y pidió al gobierno que cumpla con esta medida.
“Hablo en representación de los 18 miembros del Comité y expreso que el Estado debe cumplir con las obligaciones que surge de este dictamen. La decisión del Comité es una decisión que ha cambiado un poco la jurisprudencia en materia de acceso a interrupción voluntaria del embarazo”, dijo.

En el informe, la ONU menciona que el Estado debe darle a Camila una reparación por la vulneración de sus derechos de parte de las autoridades. A esto se debe sumar una indemnización por la lamentable situación que la menor tuvo que atravesar y un respaldo para que la niña pueda retomar su vida.
En el dictamen, el Comité también recomendó al Estado que se despenalice el aborto, de manera que ninguna otra niña deba de pasar por una situación como la de Camila. Sin embargo, no se ha registrado ninguna iniciativa que tenga como finalidad legalizar la interrupción voluntaria del embarazo.
“El Comité pidió a Perú, entre otras cosas, que despenalizara el aborto en todos los casos de embarazo infantil, que garantizara el acceso de las niñas embarazadas a servicios de aborto seguro y atención postaborto, especialmente en casos de riesgo para la vida y la salud de la madre, violación o incesto, y que modificara la normativa que regula el acceso al aborto terapéutico para prever su aplicación específica a las niñas”, enfatizó el comunicado de Naciones Unidas.
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