El caso del cierre de la pollería Granja Azul es uno de los cientos que ocurren a diario en todo el país. Para revertir esta situación y evitar que los negocios quiebren, la Comisión de Reglamento del Congreso de la República aprobó el Proyecto de Ley 4952, que se encuentra hoy a puertas de ser debatido en el Pleno. Miles de empresarios esperan que dicha norma los proteja de chantajes cometidos por gobiernos locales durante años.
El proyecto de ley 4952 incluye condiciones para la clausura de un local comercial, que se resumen en cuatro puntos:
- La vida y la salud por delante. El proyecto propone que los fiscalizadores solo puedan clausurar un local comercial cuando se constata que un peligro inminente para la vida, la salud o la propiedad de las personas, provocado por incumplir normas de seguridad.
- Subsanación inmediata. Según la iniciativa, tampoco será posible cerrar un local cuando la falta cometida pueda ser subsanada durante la fiscalización. De ese modo, evitará una innecesaria e injusta paralización que puede costarle miles de soles en pérdidas a un negocio.
- Plazo máximo para reapertura. Luego de 48 horas de que el negocio haya subsanado las observaciones y comunicando debidamente al municipio, se levanta el cierre. El proyecto además señala que, si la entidad no responde dentro de este plazo, la clausura queda inmediatamente sin efecto.
- No a la sanción doble. De aprobarse el P.L. 4952, si un negocio es clausurado temporalmente, ningún funcionario podrá imponerle multas administrativas. Tampoco, como indica el proyecto, podrán condicionar la reapertura al previo pago de multas administrativas.
Reunión con la presidenta Dina Boluarte
El conjunto de gremios empresariales que viene promoviendo el P.L. 4952, ha solicitado una reunión con la presidenta Dina Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola y el ministro de Producción, Raúl Pérez-Reyes, para presentar la propuesta. Los representantes aseguran que se busca salvaguardar la libertad de empresa, el derecho al trabajo, así como la productividad y competitividad de las empresas peruanas.
“No estamos en contra de la fiscalización, sino en contra el abuso de cierres arbitrarios que representan una de las principales fuentes de corrupción municipal y extorsión por parte de funcionarios inescrupulosos, que hacen uso ilegítimo del poder. Esperamos esta oportunidad para expresarle al Ejecutivo nuestra inconformidad con el accionar municipal y a su vez exponer los beneficios que trae el P.L. 4952 a todos los emprendedores formales del país”, se lee en la carta.
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