Esta tarde, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra el exministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Luis Alfonso Adrianzén Ojeda. Esto debido al pago que EsSalud realizó a la empresa Ainoia Technology Corporation SAC (Aionia) por más de S/41 millones.
De acuerdo con el Ministerio Público, al extitular se le imputa por los presuntos delitos contra la administración pública-negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, en modalidad de autor.
El pago se hizo efectivo a raíz de una contratación de las pruebas rápidas durante la pandemia del Covid-19. Sin embargo, el Seguro Social de Salud no le descontó la penalidad que correspondía al no cumplir con los plazos de entrega.
Este caso no solo involucra a Adrianzén, sino también al actual presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y al extitular de EsSalud, Arturo Orellana. Este último fue separado del cargo hace un mes aproximadamente por estos presuntos pagos irregulares a la empresa.
Influencia de Adrianzén
Alfonso Adrianzén fue el segundo ministro de Trabajo del gobierno de Dina Boluarte que solo estuvo durante cuatro meses en el cargo. No obstante, fue involucrado en este caso luego de conocerse que habría tenido influencia en estos pagos irregulares.
El diario El Comercio reveló chats de WhatsApp y algunos testimonios que comprometen al exministro. Es precisamente, Publio Román, gerente central de Gestión Financiera de EsSalud, quien brindó información al Ministerio Público.
En este sentido, Orellana se encargaría de coordinar el pago con el exministro. Esto debido a que el extitular de EsSalud le consulta a Román sobre cómo va el “tema del laudo arbitral”. A lo que el entonces gerente le responde que el pago está programado “para el viernes [10 de febrero] estoy dentro del plazo”.
A raíz de ello, la presidenta Dina Boluarte hizo una llamada al entonces presidente de EsSalud para preguntarle cuál fue el motivo de este pago millonario a la empresa. Además, a este caso se le involucra a Grika Asayag, quien se desempeñó como asesora de la jefa de Estado.
Anulación de penalidad
La empresa que tiene como gerente general a Carlos Valdivia debió realizar pagos de penalidad por no cumplir con el plazo de entrega de estas pruebas rápidas. No obstante, se anuló todo tipo de pago que estaba relacionado con la compañía Aionia, pese a que la Contraloría General de la República emitió un informe dando cuenta de este incumplimiento de contrato.
Por su parte, el médico Arturo Orellana se defendió de las acusaciones e indicó que estos pagos obedecen “a un lado desde el año 2020″. A su vez, asegura que se dio dentro de los “estándares de la normalidad”.
En un comunicado de prensa, Orellana también refirió que todas las pruebas rápidas que recibieron por parte de la empresa “cumplían con las condiciones técnicas especificadas en la base”. E incluso que hicieron de conocimiento al Ministerio Público sobre el “laudo a favor de Aionia sin penalidad” y luego del pago.
“Dicho laudo, emitido por el Tribunal Arbitral luego de dos años de controversia, no dispone aplicar el pago de la penalidad de más de S/ 4.1 millones a la empresa, al haber verificado el Tribunal Arbitral que el proveedor cumplió con entregar las pruebas rápidas en la oportunidad prevista y requerida por EsSalud”, se lee en la misiva.
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