El gobernador de La Libertad y líder de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, volvió a defender este martes al presidente del Congreso, Alejandro Soto, quien integra su tienda política y ha sido acusado de estafa y presunto encubrimiento de deuda por reparación civil cuando era candidato a legislador.
Acuña, quien ya le había dado un primer espaldarazo —pese a que Soto impulsó una ley que lo libró de una condena de más de ocho años de prisión—, se enfrentó a la prensa por hacer pública esta cadena de denuncias.
“Desde el día 26 de julio hasta ahora todos los días, comentarios y comentarios del presidente del Congreso. ¿Quién está perdiendo? Está perdiendo el país porque este tipo de comentarios no ayudan para que haya inversión”, siguió.
Acuña anticipó un rechazo a la eventual moción de censura contra Soto que analizan presentar las bancadas de izquierda. “Hoy más que nunca necesitamos estabilidad. No podemos estar pensando en censurar al presidente del Congreso a cada momento. En este momento tenemos que meditar, apoyar y respaldar, no pensando en la clase política, pensando en el país”, dijo.
“No me estoy oponiendo a que los medios investiguen. Tienen que cumplir su función, investigar y demostrar lo que ustedes comunican. No me opongo. Sigan investigando, pero hasta ahora, que yo sepa, el presidente del Congreso no tiene ninguna sentencia. Hasta ahora son comentarios con base en investigaciones”, añadió.
A través de un comunicado, el diputado reaccionó a un informe de Panorama, indicó que se trata de una “información propalada de manera tendenciosa” y aclaró que el 7 de junio del 2021 cumplió con el “pago total” de este concepto.
Según el dominical, en la declaración jurada de intereses que Soto presentó ante el Jurado Electoral Especial (JEE) para postular en octubre de 2020 no figuraba la deuda por reparación civil consignada en un expediente judicial.
El caso se remota a agosto de 2011, cuando trabajaba como entrevistador local en Cusco y, durante un conflicto entre barristas y policías en el que falleció un adolescente, responsabilizó a un agente policial, por lo que fue querellado por difamación.
La semana pasada, el congresista rechazó que haya impulsado un proyecto legislativo que, en mayo pasado, modificó el plazo de prescripción de los procesos penales, lo que significó un eventual beneficio cuando iba a recibir una segura condena por presunta estafa y falsedad genérica.
Según La República, el legislador vendió por 265 mil dólares un predio que había adquirido por solo mil dólares. Posteriormente, en 2015, compró un lujoso inmueble por 252 mil dólares en el distrito cusqueño de San Jerónimo.
Próximamente, comparecerá ante el grupo parlamentario que, de manera paralela, deberá ver las denuncias que enfrentan otros siete diputados por recortar irregularmente el salario de sus trabajadores.
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