El flamante presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, continúa en el ojo de la tormenta. Desde que asumió el cargo más importante del Poder Legislativo, se ha develado toda clase de irregularidades, contradicciones e investigaciones que lo vinculan con presuntos delitos.
Aunque la contratación de la hermana de la madre de su hijo y las más de 50 investigaciones abiertas, de acuerdo al portal El Foco, son parte de las críticas; uno de los temas que más se le cuestiona es la falta de inhibición al apoyar una ley que lo favorecía directamente. Sin embargo, no fue la única vez que incurrió en presunto conflicto de interés.
Si bien en campaña aseguró que fiscalizaría la polémica ampliación por cinco años más del permiso de operación a PeruRail, el parlamentario solicitó información al Ministerio de Transportes y Comunicaciones durante su gestión como presidente de la Comisión de Transporte, pese a que fue asesor legal y prestó servicios de publicidad por nueve años a la compañía. Incluso, también brindó los mismos servicios a Perú Belmond Hotels S.A. y Consettur Machupicchu S.A.C. hasta un mes antes de jurar como congresista.
Aunque el parlamentario tenía la opción de inhibirse del tema o renunciar a su cargo de titular, pues fue parte de la empresa en mención y presidente del grupo de trabajo que fiscalizaría el tema, no tomó ninguna de las dos opciones y optó por participar y gestionar debates sobre el tema.
El 10 de noviembre del 2021 recibió al entonces ministro Juan Silva para que comente las “acciones que viene adoptando su despacho en relación al procedimiento empleado para la renovación de los permisos otorgados a la empresa Perú Rail en el departamento de Cusco, que fue otorgado el pasado 27 de julio de 2021, durante el último día de gestión del expresidente Francisco Sagasti”, tal como consta en la agenda de la octava sesión perteneciente a la primera legislatura ordinaria del periodo anual de sesiones 2021-2022.
Incluso, en sus redes sociales, reconoce que gestionó una reunión entre el Ministro de Transportes y Comunicaciones y el presidente del Consejo Regional del GORE Cusco, Néstor Velasco Castilla, para “exigir resultados en las acciones frente a la presunta irregularidad en la renovación de permiso de operaciones de PeruRail”.
Ley de prescripción
El tema con el otro caso de conflicto de interés se refiere a la Ley 31751 que establece que la suspensión de la prescripción para la acción penal sobre procesos judiciales sea acortado a un año. Dicha iniciativa impidió que reciba una condena de 8 años y 8 meses a raíz de la denuncia interpuesta por el presunto delito de estafa.
Pese a que en constantes entrevistas niega que dicha ley lo beneficie, porque asegura que su caso “ya estaba prescrito y sobreseído cuatro años atrás”, el programa Cuarto Poder emitió un video en el que su abogado invoca la norma mencionada con el fin de absolverlo.
Incluso, el artilugio legal quedó plasmado por escrito. El 14 de julio, una semana antes de que se instale el juicio oral en su contra, su defensa remitió un escrito al juez Carlos Román Gil, del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Cusco, en el que menciona la norma.
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