Alejandro Muñante consideró que Alejandro Soto se debió abstener de votar por ley de la prescripción

Los cuestionamientos contra Alejandro Soto no paran desde el Congreso de la República. A esta tendencia se ha sumado Alejandro Muñante, integrante de Renovación Popular, quien criticó a su colega por haber respaldado la Ley 31751 que establece que la suspensión de la prescripción para la acción penal sobre procesos judiciales sea acortado a un año.

A juicio del extercer vicepresidente del Parlamento, Soto debió abstenerse de hacerlo.

“Lamentablemente, creo que allí sí hay una respuesta que nos tiene que dar el congresista Soto porque en principio, por código de ética, no podemos votar en aquellas leyes que representan un conflicto de intereses”, indicó en diálogo con RPP Noticias.

En esa línea, el portavoz de la bancada celeste enfatizó que su el parlamentario de Alianza para el Progreso tuvo que inhibirse. “Si el señor Alejandro Soto sabía, debió abstenerse de votar en ese caso”, agregó Muñante.

En otras declaraciones ofrecidas a Exitosa Radio, el congresista Muñante señaló que reclamarán liderar la Comisión de Ética cuando llegue el caso de Alejandro Soto, a quien podrían ofrecerle todas las garantías que se respetará el debido proceso. Por cierto, aseguró que no ha hablado con otras bancadas sobre las acusaciones contra el titular del Parlamento.

“Yo creo que cualquier congresista que no esté cuestionado podría presidir la Comisión de Ética y eso es un requisito que se debe cumplir. tanto la comisión de ética como la Comisión de Fiscalización o la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, no podría ser ningún congresista que tenga alguna denuncia o alguna investigación de por medio”, indicó.

“Ha habido un año bastante negativo para la Comisión de Ética. Renovación Popular, hasta este momento, se ha mostrado coherente con sus principios, somos una bancada que está libre de cuestionamientos. Nos hemos ganado ese sitio”, finalizó.

Ola de críticas

Alejandro Soto se encuentra en el ojo de la tormenta tras conocerse que su abogado apeló a la ley de la prescripción aprobada en el Parlamento en mayo pasado para salvarse de una condena de 8 años y 8 meses que el Poder Judicial iba a dictar en su contra por la denuncia interpuesta por la empresa de transportes Waynapicchu por el presunto delito de estafa.

En efecto, el programa Cuarto Poder difundió el último domingo un video de la audiencia en el que la defensa legal de Soto se acogió al dispositivo legal ante el magistrado.

“En este acto, señor magistrado, me permito solicitar a su despacho se declare la extinción de la acción penal a favor de mi patrocinado por prescripción, sobre todo, invocando lo establecido por la Ley 31751, que se aplique de manera retroactiva a favor de mi patrocinado, ley que está vigente”, señaló el letrado.

A pesar de la contundente prueba visual, Soto ha negado que se quiera proteger con esta norma aprobada en el Congreso.

“Está utilizando una norma que a mí no me beneficia. No me beneficia en absoluto porque mi caso ya estaba prescrito y sobreseído cuatro años atrás”, dijo. “Es un argumento que él habrá utilizado. El fondo del asunto es que un juez en el 2019 ya había declarado prescrito el caso”, reiteró el jefe de la Mesa Directiva en diálogo con Canal N.

Empresa reitera acusación

La empresa de transportes Waynapicchu, a través de su defensa legal, reiteró que Alejandro Soto se amparó en la norma para evitar una condena por el delito de estafa que lo llevaría 8 años y 8 meses a la cárcel.

“Claro, él y todos los otros imputados (se beneficiaron). Yo estuve en la audiencia defendiendo a la empresa agraviada y tanto la defensa del señor Soto, como la defensa de los otros imputados, solicitaron que se aplique esta ley, que se promulgó en mayo y que recorta el plazo de la prescripción de la acción penal”, señaló el abogado Darwin Urquizo en declaraciones a RPP Noticias.

El letrado aseguró que insistirán con la solicitud para que el titular del Congreso pague una reparación civil por aproximadamente de S/ 300 mil. Esto por concepto de la venta de un predio, ubicado entre las comunidades de Ayamarca y Pumamarca, del distrito cusqueño de San Sebastián, que supuestamente era de 640 metros cuadrados cuando tenía 879,9 metros cuadrados a un precio de U$S 250 mil.