
Antes de llegar a la presidencia de la Mesa Directiva, el legislador Alejandro Soto se hizo conocido por ser el vocero de la bancada de Alianza para el Progreso (APP) en el periodo de sesiones 2022-2023 y también por la exorbitante cantidad de proyectos que presentó desde que asumió su curul hace dos años tras ser elegido por la región Cusco.
Según una investigación del diario El Comercio, Soto es autor de al menos 210 iniciativas. Él mismo sacó a relucinar la cantidad cuando fue entrevistado por Latina. “Soy un congresista provinciano que ha tenido la más alta votación en la región del Cusco, soy uno de los congresistas que tiene mayor producción legislativa. Tengo 200 proyectos presentados, 30 leyes”, declaró.
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Sin embargo, de la cifra mencionada, 114 se encuentran en las comisiones ordinarias pendientes de ser debatidas para que pasen al Pleno. En tanto, 28 cuentan con dictamen, 28 se encuentran en la agenda de la representación nacional, 12 son por otros asuntos y 28 ya son leyes.
¿Y en qué consisten sus propuestas legislativas? El 26% son de corte declarativo. Entre ellos se encuentran algunos muy singulares como reconocer como familia numerosa a cinco o más miembros de una familia tradicional y una resolución que prohíbe a sus colegas decir en público si consumieron drogas.
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Otra idea que se le ocurrió recientemente al titular del Parlamento es que se declare de interés nacional la implementación de medidas de salvaguarda y formento vinculado a los usos, manifestaciones y expresiones culturales asociados a las fiestas patronales de los departamentos de Cusco, Puno y San Martín. Esto se promulgó el 2 de agosto pasado por la presidenta Dina Boluarte y el premier Alberto Otárola.
Sin embargo, no son las únicas medidas que Soto ha trabajado. Además se encuentran unas adicionales como la prevención del cáncer en los hombres y ampliar los beneficios por presentar una solicitud por concepto de paternidad.
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¿Son importantes o no?
A pesar de la cantidad, la calidad de las iniciativas del actual presidente del Congreso no tendrían ningún efecto importante en la política del país. Dos exoficiales mayor de esta institución así lo dieron a entender cuando fueron requeridos para que brinden sus comentarios.
“Estos proyectos no tienen ningún efecto real sobre el poder Ejecutivo. De aprobarse, el fin es de cumplimiento obligatorio, pero no son necesariamente cumplidos, pues no tienen ningún estudio previo”, dijo José Cevasco, quien estuvo durante la gestión del parlamentario José Williams.
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Por su parte, César Delgado Guembes indicó que las leyes son “insuficientes”. “Una sola buena y necesaria ley puede hacer mucho más productivo al Congreso que 300 leyes innecesarias, declarativas o ineficaces. Un criterio para definir eficientemente la productividad legislativa es el mayor o menor impacto que tiene una ley para solucionar efectivamente problemas sociales y nacionales en el país”, refirió.
Cuestionado
Más allá de las leyes que Soto impulsó, aún se encuentra muy cuestionado por las 55 investigaciones que hay en su contra en el Ministerio Público. Precisamente, el legislador de APP habría usado su cargo para librarse de una que lo iba a llevar a la cárcel.
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Según una investigación del diario La República, el integrante de la bancada de Alianza para el Progreso (APP) respaldó con su voto el 11 de mayo pasado que el Pleno sacará adelante la ley n°31751 que modificó uno de los puntos del Nuevo Código Procesal Penal.
En rigor, la iniciativa establece que la suspensión de la prescripción para la acción penal sobre procesos judiciales sea acortado a un año. Esto terminó por beneficiar a Soto porque justamente iba a recibir una segura condena por los presuntos delitos de estafa y falsedad genérica por una demanda que la empresa de transportes Turísticos Waynapicchu le interpuso por su rol como su asesor legal.
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