Encubrimiento Sodalicio: juez liberó en tres años a pederasta capturado in fraganti cuando abusaba de menor

Lo llamaban ‘El Italiano’, era miembro consagrado del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) y, en octubre de 2007, fue capturado in fraganti en un hotel del Centro de Lima, cuando abusaba de un menor al que previamente le había ofrecido “figuritas de Pokemón”.

Aunque Daniel Murguía negó la acusación, los agentes de la Policía le incautaron una cámara fotográfica y comprobaron que había captado a otros dos niños. Después fue dispuesto a representantes del Ministerio Público y recluido por cargos de violación.

Los hallazgos, a los que accedió Infobae Perú, fueron enviados al archivo por los Parlamentos siguientes, sin difusión ni debate, hasta que la legisladora Susel Paredes (Juntos por el Perú-Cambio Democrático) solicitó desempolvarlos en noviembre de 2022 y remitió las copias al Vaticano.

Ocho meses después, una misión enviada por el Papa Francisco inició en Lima una auditoría con interrogatorios a los voceros del grupo católico, a sus presuntas víctimas y periodistas que han indagado imputaciones sobre abusos sexuales y corrupción financiera.

La investigación, a cargo del arzobispo de Malta, Charles Scicluna, y del sacerdote español Jordi Bertomeu, oficial de la sección disciplinar de la Congregación para la Doctrina de la Fe, se realizó durante la última semana de julio en la Nunciatura Apostólica.

Susel Paredes compareció ante la misión que elaborará un informe final para ser entregado al pontífice, quien eventualmente emitirá un veredicto sobre el caso. En el archivo que rescató, se incluye el caso de Daniel Murguía, expulsado del SVC, apenas se hizo pública su detención.

También fue enfermero de sus padres y, dentro de la organización, cumplía el rol de filtrar los correos electrónicos que los sodálites enviaban a sus familiares.

Tenía a su disposición varias computadoras y su habitación se ubicaba en el mismo piso donde dormían menores. Cuando fue detenido, ya no vivía en Perú, sino en Chile. Estaba de paso por Lima, alojado en la Comunidad Madre de la Fe (San Isidro), un grupo a cargo de Teullet.

Fue él quien señaló a la comisión parlamentaria que, cuando Murguía fue detenido in fraganti, hubo un cónclave en el que decidieron su expulsión, pese a la negativa de Figari. Dijo que, entre las pertenencias, había una computadora portátil, una memoria USB y otra de una cámara.

De hecho, la computadora finalmente desapareció y Murguía estuvo recluido tres años en el penal de Lurigancho. En todo ese tiempo, el Sodalicio no dejó de visitarlo ni de llamarlo, según el informe de La Encerrona. Teullet ha contado que el propio Figari lo mandó directamente al penar a ver en qué condiciones estaba e indagar lo que conversaba con sus familiares.

La práctica se sucedió hasta 2010, cuando la Sala Permanente de la Corte Suprema ordenó su liberación. El juez ponente del caso fue el exmagistrado supremo Javier Villa Stein, tío de Eduardo Regal Villa, vicario sodálite.

Villa Stein ya había emitido otros cuestionados fallos —por ejemplo, absolvió al exministro de Justicia de Alan García, Aurelio Pastor, del delito de tráfico de influencias— y asesorado a polémicos personajes como la exfiscal general Blanca Nélida Colán y a los exministros fujimoristas Víctor Joy Way y José Villanueva Ruesta, en procesos penales que enfrentaron por ilícitos cometidos en aquel gobierno.

El escándalo del Sodalicio, la mayor trama de abusos en la Iglesia Católica peruana, fue revelado en 2015 por Pedro Salinas y Paola Ugaz, autores del libro ‘Mitad monjes, mitad soldados’.

En enero de 2018, el Vaticano anunció la intervención del grupo católico, un mes después de que la Fiscalía solicitara prisión preventiva para varios miembros y exmiembros de la organización, entre ellos Figari, quien vive confinado y presuntamente aislado en una casa de retiro en Roma, amparado por un decreto que le prohíbe volver a Perú.