Organizaciones internacionales al Gobierno de Boluarte: Instamos a evitar el uso ilegal y abusivo de la fuerza

La Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y Human Rights Watch (HRW) difundieron este martes un comunicado conjunto para exigir al Gobierno de Dina Boluarte “proteger el derecho a la protesta” en la llamada ‘Toma de Lima’.

Las organizaciones internacionales declararon su inquietud ante “la primera reacción de algunas autoridades” al exigir permisos o registrar a las personas que ingresan a la capital, un panorama que amenaza “con el uso de la fuerza contra manifestantes y con criminalizar a quienes deseen ejercer este derecho”.

Bajo la óptica de estos colectivos de derechos humanos, “el discurso oficial, así como estas medidas, parecen buscar un efecto disuasivo e incluso intimidatorio en quienes pensaban participar en las protestas”, con demandas que comprenden la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones.

“Instamos al Estado peruano a cumplir con los requisitos de legalidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad que establece el derecho internacional en relación con el uso de la fuerza y los estados de excepción para evitar que estas medidas sean utilizadas de manera ilegal, abusiva y/o desproporcionada”, sigue la misiva.

“Valoramos las llamadas de organizadores de las marchas para que se desarrollen sin violencia. Nos unimos a su demanda por justicia por los muertos y los heridos en las manifestaciones desde diciembre de 2022″, matizó.

Boluarte señaló previamente que su administración no permitiría ninguna “amenaza a la democracia, ni al Estado de derecho” durante estas manifestaciones, que se reactivan cuatro meses después del último estallido social.

En un mensaje a la Nación, la mandataria llamó a la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y las Procuradurías de Estado a “garantizar que [las marchas] sean pacíficas” y “que no violenten el derecho ajeno”.

También señaló que las manifestaciones ocurridas entre diciembre y marzo pasado, que dejaron 49 fallecidos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, generaron “caos y crisis, con una demanda política no entendida para la gran mayoría de peruanos”.

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Álex Contreras, señaló que “el costo de la conflictividad [pasada] fue” al menos 4.000 millones de soles, el “equivalente a tres ciclones Yaku”.

A la fecha, Boluarte enfrenta una investigación preliminar por presunto genocidio. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) refirió en un informe que halló casos de “ejecuciones extrajudiciales” y subrayó que había que colocar el foco en Ayacucho, donde las denuncias de brutalidad en los choques podrían ser consideradas como una “masacre”.