
La presidenta de la República, Dina Boluarte, solicitó la renuncia del titular del Seguro Social de Salud (EsSalud), Aurelio Orellana, a raíz del pago irregular de 41 millones de soles a la empresa Aionia Technology Corporation S.A.C. por la compra de pruebas rápidas para diagnosticar el COVID-19 con sobreprecio.
Como se recuerda, en octubre del 2020, EsSalud contrató 1′174.800 pruebas rápidas a S/34,9 cada una, cuando en esa misma época Perú Compras había adquirido el mismo producto con precios unitarios entre S/16 y S/29.
De acuerdo al Portal de Transparencia, el funcionario acudió este lunes a Palacio de Gobierno para reunirse con el jefe del Gabinete Técnico de la Presidencia, Niccolo Quero. La cita, donde le habrían adelantado su salida, duró poco más de 40 minutos y su reemplazo sería un exfuncionario del Minsa, de acuerdo a fuentes de El Comercio.
Ello, luego de que el medio mencionado revelara que la entidad realizó el millonario desembolso pese a que, hace más de dos años, la Contraloría General de la República detectó un direccionamiento a favor de la empresa. Entre los involucrados, no solo se encuentra Orellana y el gerente de la compañía beneficiada, Carlos Valdivia Montoya, también se mencionó al exministro de Trabajo (MTPE) Alfonso Adrianzén, el premier Alberto Otárola y la exasistenta de Boluarte, Grika Asayag.

Según los chats de WhatsApp entregados por Publio Román, gerente central de Gestión Financiera de Essalud, a la fiscalía, Orellana lo llamó el 8 de febrero para preguntarle cuándo se concretará el pago y le pidió que le escribiera la información para reenviársela al entonces titular del MTPE, quien tenía particular interés sobre el tema.
“Sí, recuerdo esta comunicación. El ministro [Adrianzén] me dijo que, si había alguna novedad sobre el pago a proveedores, específicamente eso, que se le informe. Entonces como jefe inmediato superior, porque [Essalud] depende del Ministerio [de Trabajo], se le trasladó la información de [Aionia]”, indicó el aún presidente ejecutivo de EsSalud a EC.
La cercanía era tal, que, en otra de las comunicaciones, Adrianzén le dice que el área de “finanzas [de Essalud] le ha parado el trámite pidiendo informes a [la] gerencia central de asesoría jurídica y gerencia central de operaciones […], que viene paralizando la acción; existe esta vez un tercero, no vinculado que está llamando para solicitar lo que no corresponde. [Por] favor, indaga y salgamos de esta incomodidad”.

Una vez que el titular de EsSalud le informó que el gerente general de la empresa Aionia ya había recogido los cheques por el cumplimiento del laudo arbitral, Adrianzén le dio las gracias y aseguró que “para el siguiente reporte te prometo no olvidar mi agenda EsSalud”.
Aunque el premier negó haber sido parte del proceso de desembolso, la exasistente presidencial Grika Asayag indicó que el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros estaba al tanto. “El presidente de Essalud no va a hablar con la secretaria [de la PCM]. Ellos están en el nivel de premier, [del] ministro”, explicó.
Asimismo, aunque Otárola asegura que la salida del exministro de Trabajo, a quien conoció cuando estudiaban Derecho en la Universidad San Martín de Porres, “es una expresión plena de mi indignación y la de la presidenta Boluarte por este asunto”, Adrianzén dejó el MTPE un mes después del inicio de la investigación en su contra.
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