Si bien toda la atención estuvo puesta ayer en las detenciones de la empresaria Sada Goray y del periodista Mauricio Fernandini, hay otros personajes que también fueron capturados por los agentes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional (PNP) y representantes del Ministerio Público.
El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder había solicitado ante el despacho del magistrado Justiniano Romero que se intervenga a 16 personas. Sin embargo, solo recibieron el visto bueno para cinco.
Aparte de Goray y Fernandini, también fueron incluidos Pedro Arroyo Marquina, expresidente del directorio del Fondo Mivivienda; Luis Mesones Odar, exasesor de Arroyo; y Roger Gavidia Johanson, exdirector del citado programa vinculado a la cartera de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Los tres exfuncionarios fueron colocados por Salatiel Marrufo, exjefe del gabinete de asesores del encarcelado exministro Geiner Alvarado, a petición de la empresaria y dueña de Marka Group para que faciliten la financiación de ocho proyectos inmobiliarios por la suma de S/148,2 millones.
Arroyo y Mesones tienen un vinculo más estrecho con Sada Goray porque trabajaron para Marka Group antes de ingresar al Estado.
Solo Arroyo está en manos de la justicia para cumplir los 10 días de detención, mientras que Mesones está como no habido. La vivienda del exesposo de Goray, ubicada en la ciudad de Trujillo, La Libertad, fue allanada ayer para detenerlo, pero no encontraron a nadie.
Hoy se conoció que Roger Gavidia Johanson decidió acercarse a la Fiscalía de la región La Libertad en compañía de su abogado Alfredo Urdeales Balderragan según información del diario La República.
Más implicados siguen libres
Hay que mencionar que hay otros exfuncionarios que también formaron parte de la trama criminal de Sada Goray que gozan de libertad.
Así se puede mencionar a Cynthia Rudas Murga, extitular de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), Marina Subiría Franco, Héctor Chávez Arenas, Jacqueline Perales Olano y Flor Olivera Orellana, quienes también ocuparon puestos claves dentro de la entidad.
Todos estos funcionarios se coludieron para resolver la inscripción de un terreno de 90 hectáreas en Chilca que Sada Goray había vendido por 54 millones de dólares a Centenario Desarrollo Urbano, del Grupo Romero. El predio estaba inscrito como propiedad del Estado, pero esto fue cambiado para beneficiar a la empresaria.
Luis Longaray Chau, extitular de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), también está vinculado al caso de Goray.
Millonaria perdida para el Estado
La corrupción en el Fondo Mivivienda relacionada con los casos de Sada Goray y Mauricio Fernandini, generó pérdidas al Estado peruano por más de 148 millones de soles, de acuerdo a las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República. Dicho monto, corresponde solo a seis proyectos que ya fueron verificados y se vienen evaluando otras más en la entidad adscrita al Ministerio de Vivienda.
Los proyectos inmobiliarios fueron identificados como Lima Bonita y Barranca Bonita, en la región Lima; Chiclayo Bonito (Lambayeque), Praderas de Cacatachi (San Martín), Piura Bonito (Piura) y Alto Larán (Ica).
El titular de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, Javier Pacheco, agregó que aún faltan ubicar 200 millones de soles que habrían sido destinados a favor de otros proyectos de la empresa Marka Group, de acuerdo a lo dicho por Salatiel Marrufo, exjefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda y pieza clave en este caso.
“Vemos que estas acciones (los sobornos y tráfico de influencias) estaba penetrando en el Fondo Mivivienda, ¿para qué? La señora Sada Goray estaba buscando que se nombre a su empresa y al holding como una empresa no supervisada para el financiamiento de los bonos de vivienda. Para ello se consiguió el apoyo del exministro Geiner Alvarado, a través de Salatiel Marrufo, pagando coimas”, detalló el procurador.
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