La Defensoría del Pueblo, a través de una reciente investigación, reveló que el contrato firmado entre la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y Rutas de Lima S.A.C. es lesiva y afecta el interés público.
Así lo explica en el documento institucional ‘El Caso de la Concesión de Vías Nuevas de Lima y la Afectación al Interés Público: Una Aproximación a partir de la Vulneración de los Derechos Fundamentales’, donde denuncia la inexistencia de una vía alterna a la unidad de peaje de Chillón y de la prohibición de su instalación, lo que “vulnera el derecho al libre tránsito”.
Además, se analiza el redondeo en las tarifas a favor de la empresa, lo cual “afecta los derechos de los usuarios y vulnera el derecho de propiedad”. Medida que está prohibida en la Constitución Política y el marco legal vigente.
Recomienda modificar la Ley N.° 1362
Ante estas deficiencias, la mencionada institución recomendó al Congreso de la República modificar el Decreto Legislativo N.° 1362, que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas (APP) y Proyectos en Activos.
También denunciaron que las mencionadas afectaciones se dieron tras la inclusión ilegal de una nueva unidad de peaje en la carretera Panamericana Norte, llamada el nuevo peaje Chillón, que va en sentido de Lima-Norte. Y también por el pacto de redondeo de la tarifa de peaje en perjuicio del usuario.
Antecedentes perjudiciales
La Defensoría del Pueblo recordó que en el año 2017 se produjeron protestas en la zona que solo cesaron con la suspensión de la nueva unidad de peaje Chillón.
Denuncia redondeo perjudicial para los usuarios
La institución encabeza da por Josué Gutiérrez Cóndor confirmó que el redondeo aplicado a las tarifas de peajes, “ilegalmente pactado en el contrato”, perjudicó a los usuarios, favoreciendo a Rutas de Lima como una recaudación adicional de más de siete millones de soles. Esto es desmedro del derecho de propiedad y rompiendo el principio de defensa de los consumidores y el equilibrio entre los intereses del particular con los de la comunidad.
Además, la Defensoría señaló que el contrato y su ejecución afectó el bien común, la dignidad humana, los principios democráticos, la convivencia pluralista y los derechos fundamentales de las personas. Ante ello, exhortó encontrar una salida conjunta dentro de los márgenes de la ley.
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