Ministro de Justicia cuestiona ley aprobada por el Congreso que debilitaría la colaboración eficaz

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate, mostró su desacuerdo con el Congreso de la República por la reciente aprobación de la ley que limita y condiciona la figura de la colaboración eficaz.

“El sector, de ninguna manera, va a contribuir para desarticular un mecanismo interesante que tiene el Ministerio Público para poder luchar contra la corrupción”, dijo en diálogo con Radio Exitosa.

El titular del Minjus enfatizó, además, que no se descarta que la presidenta de la República, Dina Boluarte, observe la iniciativa una vez que llegue al Poder Ejecutivo antes de que sea promulgada.

“Vamos a opinar sobre la viabilidad o no de esta ley. Eso lo haremos luego de la evaluación. Tengo que ser muy serio en eso”, anotó.

Maurate garantizó que, cuando la ley llegue a su despacho, “no habrá criterios externos o un algún favorecimiento contrario a la lucha contra la corrupción”.

“Apenas llegue, haremos un nuevo pronunciamiento y, en función a la evaluación que hagamos, el Ejecutivo definirá si es observada o no”, zanjó el ministro.

El titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos se pronuncia luego que el premier Alberto Otárola lo hiciera publicamente.

“Recién vamos a verla. Nosotros lo hemos dicho, vamos a respaldar todas las medidas que refuercen la lucha contra la corrupción porque esa es una de las banderas de la presidenta Dina Boluarte”, sostuvo Otárola.

Los cambios

El jueves pasado, con 83 votos a favor, 27 en contra y 3 abstenciones, se dio el visto bueno para que se modifique varios artículos del Código Procesal Penal, en las que está incluida la figura de la colaboración eficaz que la Fiscalía usa desde el 2000 para las diversas investigaciones que se tiene para indagar el crimen organizado y la corrupción.

Entre los cambios del dictamen, impulsado en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, se anota que uno de los primeros cambios que se implementarán es la modificación de la denominación de “colaborador” a “aspirante”.

Otro punto destacado es el plazo asignado a los fiscales para completar el “proceso de colaboración”. Según esta disposición, el Ministerio Público dispondrá de 8 meses para llevar a cabo las investigaciones, con la opción de extenderlo por 4 meses adicionales.

Con respecto a las nuevas condiciones para aquellos ciudadanos que busquen acogerse a la colaboración eficaz, se exigirá que cuenten con representación legal desde el principio y accedan a la grabación de los sucesos. Además, se aplicarán sanciones administrativas, civiles y penales a los fiscales que no protejan la confidencialidad del proceso de colaboración.

Exigen observarla

Tal como está la norma, congresistas de las bancadas de Perú Libre, Acción Popular y Bloque Magisterial, quienes están inmersos en el caso ‘Los Niños’, se verían beneficiados. Igualmente pasaría con personajes políticos que afrontar procesos penales como el expresidente Ollanta Humala (2011-2016) y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Por ello, diversos parlamentarios solicitaron que el Ejecutivo observe la propuesta.

La congresista Ruth Luque (Cambio Democrático) objetó que el Ministerio Público no haya emitido un pronunciamiento para “defender su competencia”, y estimó que “parece que no le importara contradecirlo”.

“Se golpea a las instituciones y, ahora, a los procesos. [El jueves] se aprobó el proyecto de ley que modifica el procedimiento de colaboración eficaz. Con ello, la lucha contra la corrupción y el crimen organizado se ve seriamente afectada. Voté en contra. ¡Que se observe la autógrafa!”, tuiteó la no agrupada Susel Paredes.

“Creo que ellos lo analizarán despojados de algún tipo de incentivo para que regrese al Congreso y se vuelva a evaluar y dar un buen procedimiento, que no tenga opiniones antojadizas”, apuntó Raúl Huamán de Fuerza Popular.

Ayer, la Procuradoría General del Estado también solicitó a la presidenta Boluarte que no promulgue la norma. “El procurador general del Estado, Daniel Soria Luján, solicita a la presidenta de la República evalúe observar la autógrafa del PL Nº565/2021-CR al poner en riesgo la eficacia y éxito de la colaboración eficaz y, por ende, la defensa jurídica de los intereses del Estado”, se publicó en la cuenta personal de Twitter de la institución.