Condenan a integrante de ‘La Resistencia’ por difamación: PJ impuso un año de pena privativa de libertad

El Poder Judicial ha condenado a la comunicadora Jenny Zúñiga Mourao, integrante del grupo extremista ‘La Resistencia’, por el delito de difamación agravada en agravio del periodista de investigación Gustavo Gorriti, fundador de IDL-Reporteros.

El expediente del 35° Juzgado Penal de Lima, difundido este miércoles por Wayka, señala que la sentenciada deberá cumplir un año de pena privativa de libertad con “carácter condicional” y pagar una reparación civil de 150 mil soles.

Zúñiga, miembro de este grupo extremista vinculado al fujimorismo, deberá cumplir una serie de normas de conducta como no variar de domicilio ni ausentarse de la ciudad, registrarse en control biométrico y no incurrir en el mismo delito por el que ha sido sentenciada.

El fallo llega una después de que el Ministerio Público abriera una investigación preliminar contra Juan Muñico, un obrero metalúrgico que conformó la agrupación en 2018, y Roger Ayachi, líder Los Combatientes, la facción más radical del colectivo.

A ambos se les imputa los delitos de banda criminal, además de coacción y acoso en agravio de Instituto de Defensa Legal (IDL). La indagación, a cargo de la Fiscalía Penal de San Isidro —el distrito donde se encuentra la sede de la asociación—, tendrá un plazo de 90 días.

Se trata del tercer procedimiento conocido en el que se ve involucrado el cabecilla de ‘La Resistencia’, quien ya había sido sentenciado en enero del 2021 a un año de prisión suspendida por difamación agravada. Como se rehusó a rectificarse, el abogado del IDL, Carlos Rivera Paz, solicitó el cambio de condena a efectiva, aunque no procedió.

‘La Resistencia’, un grupo de extrema derecha que amedrenta a políticos, fiscales, periodistas y opositores de su retórica, registra un amplio historial de incidentes. Una de sus primeras acciones fue realizar plantones contra el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez, quien solicitó 30 años de cárcel contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por presunto lavado de activos.

El colectivo también se apostó en las oficinas del Jurado Nacional Electoral (JNE), en la casa del director de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto; en una librería donde el expresidente Francisco Sagasti presentaba su publicación; y, recientemente, en la presentación del informe de Amnistía Internacional sobre la represión policial en las protestas antigubernamentales.

“Lamento que al dolor de la violencia que ya pesa sobre las familias de las víctimas se sumen actos que lastiman su voluntad de alzar la voz sin temor. Mi solidaridad y empatía con ellas”, tuiteó el abogado colombiano.

Según Ojo Público, además de estas acciones, el brazo violentista orquestó campañas anónimas en redes sociales llamadas “Chapa tu caviar”, en las que promovían la difusión de teléfonos y direcciones de políticos, artistas, activistas, excongresistas y periodistas críticos de Fujimori.