Día de la Bandera en Puno se tiñe de luto y protesta: Emblemas negras ondean en memoria de los caídos contra el gobierno de Dina Boluarte

En la región de Puno, la conmemoración del Día Nacional de la Bandera adquirió un matiz verdaderamente único este año. Las manifestaciones y el simbolismo de las banderas negras dominaron la escena en recuerdo a los fallecidos en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Los familiares de las víctimas utilizaron estas acciones como un poderoso medio de expresión de su dolor y de las injusticias que considen haber sufrido.

Desde las primeras horas de la mañana, cientos de personas se congregaron en la Plaza de Armas de Juliaca con la intención de izar un emblema con los colores del luto, el negro y el blanco. Sin embargo, debido a la falta de una cuerda adecuada, no lograron concretar su objetivo.

A pesar de esto, los asistentes participaron en una liturgia emotiva y entonaron una canción reconocida por todos, titulada ‘Esta democracia ya no es democracia’. Las palabras ‘Dina asesina’ resonaban en el aire y los carteles de rechazo a la mandataria eran exhibidos en todas partes.

La Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero de Juliaca, llevaba consigo fotografías de sus seres queridos fallecidos durante las manifestaciones, honrándolos en medio del evento. Algunos de los dolientes, incluso, llevaron a cabo un acto simbólico lavando una bandera como forma de protesta contra el actual gobierno.

Además, los manifestantes portaron una bandera manchada de sangre y quemaduras en primera línea, como símbolo de la presunta opresión que habían sufrido por parte de las Fuerzas Armadas.

“En Puno nadie se ha rendido, ni estamos de acuerdo con este congreso y el gobierno de la señora Dina Boluarte, por ello nosotros de forma pacífica continuamos con nuestras protestas, hasta la renuncia de la presidenta de la República, cierre del Congreso y la instalación de una nueva constituyente”, indicó la abogada y dirigente juliaqueña Carmen Huaya Muriel.

En el distrito de Ilave, se hicieron presentes autoridades en representación de diversas localidades. Los comuneros se negaron a permitir la presencia de la Policía Nacional y del Ejército durante la ceremonia. Durante el acto de izar la bandera negra y blanca, se hizo un llamado a un minuto de silencio en honor a los fallecidos. Las mujeres acudieron vestidas de negro, creando un ambiente de profundo duelo y solemnidad.

En la capital de la región, el alcalde provincial Javier Ponce Roque y el Gobernador Regional Luther Vilca decidieron no participar en el evento protocolar organizado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en la Plaza de Armas de Puno. Esta ausencia de las principales autoridades dejó en claro su rechazo a la celebración debido al contexto de ruptura social causado por las muertes en las movilizaciones contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República.

Los comerciantes de la Plataforma Comercial Andrés Avelino Cáceres intentaron izar una bandera de color blanco y negro en señal de luto por los fallecidos durante las protestas en contra del Gobierno. Sin embargo, la Policía Nacional llegó al lugar para retirar dicha bandera. Ante esta situación, los negociantes se molestaron y se registraron algunos forcejeos.

Poder Judicial advierte sanciones

En medio de toda esta conmoción, en Twitter, la excongresista y activista en derechos humanos Rocío Silva Santisteban llamó a los ciudadanos a adornar sus casas con banderas rojinegras en señal de luto por aquellos asesinados bajo el mandato del actual gobierno.

Esta propuesta generó una serie de respuestas, lo cual llevó al Poder Judicial a compartir en sus redes sociales un mensaje en el que recordaba que la ley contempla sanciones por actos de menosprecio hacia los símbolos patrios y los héroes nacionales.

La entidad afirmó que para los actos “de menosprecio, usados en estampados de ropa o de otra manera (de) los símbolos de la patria o la imagen de los próceres y héroes”, la ley prevé “pena privativa de libertad no mayor de un año o con prestación de servicio comunitario de 20 a 30 jornadas”.

Aunque el breve comunicado buscaba establecer límites, ello provocó una ola de críticas en las redes sociales.