Caso Sada Goray: Fiscalía realizó diligencias en las oficinas del Fondo MiVivienda

Representantes del Ministerio Público llegó hasta la sede tras conocer que tres directivos nombrados habrían recibido “capacitación” por parte de la empresaria inmobiliaria

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Fiscalía realiza diligencias en las oficinas del Fondo MiVivienda.
Foto: Fiscalía de la Nación
Fiscalía realiza diligencias en las oficinas del Fondo MiVivienda. Foto: Fiscalía de la Nación

Esta tarde, la Fiscalía Anticorrupción informó que realizó diligencias en la sede del Fondo MiVivienda, programa del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Esto luego que se conozca que la empresaria Sada Goray habría brindado capacitación a tres profesionales que lograron convertirse en directores, quienes aprobaron el proyecto que beneficiaba a la compañía Marka Group.

Hasta las oficinas llegaron el equipo de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima. Como se recuerda, el último fin de semana, Cuarto Poder reveló que el Centro Empresarial Los Incas, ubicado en Santiago de Surco, habría sido el lugar perfecto para Goray con la finalidad de “capacitar” a los directores.

Alrededor de 10 personas llegaron hasta el lugar para hacer uso de las instalaciones, donde Goray se encargaría de informar sobre el Fondo Mivivienda. En este sentido, buscaban tener condiciones a favor de la empresa.

La investigación se da luego de revelarse que tres directivos recibieron clases por parte de Sada Goray.
Foto: Fiscalía de la Nación
La investigación se da luego de revelarse que tres directivos recibieron clases por parte de Sada Goray. Foto: Fiscalía de la Nación

¿Quiénes habrían sido los participantes?

La llamada “escuelita” de Goray se habría realizado en el 2021, cuando Pedro Castillo ya había asumido el mando. En ese momento, asistieron a estas clases Carlos Amaya Alvarado, Pablo Arciniega Pérez Alcázar, Pedro Arrollo Marquina, Gonzalo Arrieta Jovic, Roger Gavidia Johanson, Luis Mesones Odar.

Como profesor habría participado José Carlos Forero Monroy. Todo esto sucedió en presencia de Goray, Pilar Tijero y su abogado Ítalo Arbulú.

Testimonios que comprometen

De acuerdo con las declaraciones ante la Fiscalía de los involucrados, Tijero no solo habría tratado de beneficiar a través de contactos que tenía su primo Mauricio Fernandini, sino también estuvo detrás de las acciones.

El periodista reveló que Goray le ofreció pagarle S/10.000 mensuales por el alquiler de su departamento para que se realice las reuniones con Salatiel Marrufo. Sin embargo, la empresaria inmobiliaria afirmó que este pago no habría tenido este fino, sino que fue por las acciones de Fernandini.

Mauricio Fernandini rompe su silencio.
Mauricio Fernandini rompe su silencio.

Marrufo también indicó que el periodista le entregó la suma de S/200.000, como parte del acuerdo con la empresaria para aprobar el contrato.

“Entonces la viceministra [Elizabeth Añaños] me dijo que lo iban a aprobar. […] El 15 de setiembre del 202, el Fondo MiVivienda aprueba el convenio, y es por eso que la señora Sada Goray me hace la primera entrega de dinero (...) la cantidad de 200 mil soles y me los entregó Mauricio Fernandini”, se lee.

¿Una organización criminal?

En una entrevista, la ministra Hania Pérez de Cuéllar señalaba que se enquistó una red criminal cuando Geiner Alvarado lideraba esta institución. La titular asegura que se instaló no solo en el fondo Mivivienda, sino también en el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU).

Desde el 2016 al presente año, la Procuraduría General del Estado investiga 90 casos de corrupción, de los cuales cuatro son de su gestión. Sin embargo, precisó que son desde Alvarado. Ante ello, indicó que cesó a los involucrados.

Pérez de Cuéllar sostuvo que el Ministerio Público también ya tomó conocimiento sobre estos casos e intervino 15 computadoras y testimonios de algunos funcionarios. Sin embargo, recalcó que los más perjudicados serán las familias que apostaron por su casa propia.

En tanto, sobre el Consorio Piura Castilla a cargo del proyecto de agua potable y alcantarillado en la región refirió que se ha pausado y cerca de 440 mil familias son las afectadas ante los actos de corrupción.

Por su parte, Pablo Rioja, abogado del consorcio, indicó que no son parte de ningún “cártel” luego de las declaraciones de titular de Vivienda. “Le están informando mal a la ministra. [...] ningún funcionario está investigado ni por el caso de Los Niños ni organización criminal [...] no hay ningún direccionamiento concreto”, indicó a Perú 21.