Testimonio de jefe PNP confirma uso de armas letales en protestas de Juliaca: fusiles AKM por falta de lacrimógenas

El testimonio de Javier Rivadeneyra Mestas, un policía que estuvo presente en el Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac, el día que se produjeron 18 muertes en Juliaca, Puno, revela que efectivos de la PNP hicieron uso de armas letales y de guerra para disuadir a los manifestantes que salieron a protestar contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso.

Aquel 9 de enero, día de horror para la ciudad, murieron 17 civiles y un menor que fue herido de gravedad falleció tras un par de días de agonía. Los hechos fueron tan graves que organismos internacionales como Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunciaron que estas muertes podrían ser consideradas ejecuciones extrajudiciales o incluso masacres. Todos los fallecidos presentaron heridas por proyectiles de arma de fuego, incluso tres adolescentes de apenas 15 y 17 años.

El gobierno de Boluarte ha negado en varias ocasiones que se hayan violado gravemente los derechos humanos o el uso letal de la fuerza.

Sin embargo, el semanario Hildebrant en sus Trece reveló el testimonio ante la Fiscalía de Juliaca de un jefe de una las escuadras policiales asignadas a los alrededores del aeropuerto Manco Inca. El oficial de 60 años formó parte de un contingente de policías de élite de la División de Operaciones Especiales de la PNP (DIROESP), cuya sede se encuentra en Ate-Vitarte. Él fue enviado a Juliaca para ejecutar los planes de operaciones elaborado por el alto mando de la Policía.

Este grupo estuvo en Juliaca desde el 27 de diciembre hasta casi un mes después de los graves hechos que enlutaron a la ciudad, a 18 familias y dejaron 226 heridos.

El testimonio del oficial

Rivadeneya brindó su manifestación en calidad de testigo “libre y voluntaria” ante el fiscal provincial Ernesto Rojas Cayllahua, de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de la provinci San Román, en Juliaca, el pasado 27 de febrero.

Es la primera vez que un oficial confirma oficialmente, ante la Fiscalía, la utilización de armas letales. Según la copia de su declaración oficial a él y su grupo de 10 personas les asignaron fusiles de asalto AKM M, calibre 7,62 x 39 milímetros, para controlar las protestas. Además, les asignaron cuatro cacerinas de 30 cartuchos cada una.

Él señala que no disparó directamente hacia el cuerpo de las personas, pero sí maniobró en dirección del suelo. También detalló que estaba a cargo de un escuadrón de 10 policías y solo él realizó los tiros.

“El 9 de enero yo estuve de facción en el puesto cabecera 12 o umbral 12 (...) entonces en el lugar se presentaron 200 manifestantes aproximadamente. Yo con mis nueve efectivos nos encontrábamos observando a los manifestantes provistos de combas agarran y tumban una pared, al tumbar una pared mi persona trató de verbalizar con una de las personas que se encontraban ahí, entonces no se pudo lograr conversar con ellos, así que ellos usaron bombardas, huaracas, botellas con combustible y otras cosas más. Eso pasó entre las 13 horas y 14 horas, luego de ello tumbaron dos paredes más y seguían atacándonos, entonces realicé el uso de armas no letales, así como cápsulas de gas y como seguían atacando solo teníamos una cantidad mínima de cápsulas de gas, entonces yo me vi obligado a hacer uso de mi arma de fuego, disparando al suelo 3 veces para no dejar que ingresen al aeropuerto”, dijo el oficial.

También señaló que solicitaron más bombas lacrimógenas para disuadir el avance de los manifestantes, pero estas no llegaron.

El policía también da cuenta de que el oficial al mando fue el SS. PNP Juan Veliz, que comandó a un grupo de 50, entre quienes se encontraba Rivadeneyra Mestas. Este gran grupo, a su vez, fue dividido en equipos de 10 oficiales. Y que su jefe de operaciones fue el comandante Ocampo, a quien reportó la realización de los disparos.

Los manuales del uso de la fuerza de la PNP señalan, con claridad, que durante el control de manifestaciones o disturbios no se deben emplear armas de fuego letales y que estas solo deben ser empleadas ante un riesgo inminente contra la vida de los policías o terceros, pero no para defender infraestructura pública o privada, como fue en el caso de Juliaca.

Hasta la fecha, el el Gobierno de Dina Boluarte sigue negando los graves abusos de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes y el discurso oficial trata de culpar a las víctimas de sus muertes, a fuerzas extranjeras y aduce que las protestas fueron financiadas por actividades ilícitas como el narcotráfico o remanentes del terrorismo.