La Fiscalía de Familia de Lima Norte anunció el inicio de una investigación preliminar de oficio contra quienes resulten responsables por el caso de la niña de 11 años que murió tras ingerir dos pastillas de clonazepam en su institución educativa Imperio del Tahuantinsuyo en el distrito de Independencia.
“El fiscal provincial Antonio Pascual Florentino La Torre inició investigación preliminar de oficio contra los que resulten responsables por la presunta infracción penal de instigación al consumo de drogas, en agravio de la menor que falleció en el distrito de Independencia y contra los que resulten responsables del presunto delito contra la integridad personal, en perjuicio de la víctima”, indicó la entidad a través de sus redes sociales.
Además, precisó que el equipo fiscal ya ha solicitado la información pertinente a la institución educativa para proceder con las indagaciones. Asimismo, informó que ya se tomó la declaración de la madre de la escolar, así como del médico tratante del Hospital Cayetano Heredia y se han solicitado los resultados de los exámenes a los que fue sometido la menor en el nosocomio.
De acuerdo a los primeros análisis realizados, la menor falleció por exceso de benzodiazepina. “Al inicio pensábamos que era una sustancia psicotrópica como el diazepam, después se tejió la idea de que podría ser éxtasis, pero ha salido de la pericia que corrobora la verdad científica: falleció por exceso de benzodiazepina”, indicó el abogado de la familia, Mario Arribas.
Piden videos de cámaras de seguridad
Yosber Rodríguez, padre de la menor que cursaba el 5to grado de primaria, pidió a las autoridades educativas del colegio Imperio del Tahuantinsuyo que entreguen los videos de las cámaras de videovigilancia para que se pueda determinar las circunstancias en las que su hija tomó las pastillas y los responsables puedan responder ante la justicia.
En tanto, para el representante legal de la familia, en la muerte de la niña de 11 años se habrían incurrido en varios delitos que deberán ser investigados por las autoridades. Mario Arribas señaló que el colegio estaría cometiendo el delito contra la administración de justicia, en la modalidad de ocultamiento real, al no entregar el material audiovisual clave para conocer cómo llegaron las pastillas a la menor.
De otro lado, indicó que hubo una demora en la atención de la niña desde que empezó a sentirse mal. Como se recuerda, primero fue trasladada a una posta cercana y luego fue ingresada al Hospital Cayetano Heredia. Según manifestó el letrado la escolar no recibió la atención necesaria en el establecimiento de salud por cuestiones administrativas. “Al no haberla atendido a tiempo, pudo ser salvada con un tratamiento médico”, puntualizó.
Explicó que esta situación calificaría como delito de exposición de personas al peligro que es sancionado con hasta cuatro años de pena privativa de la libertad.
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