Joaquín Ramírez acusado de presunto favorecimiento a su pareja en la municipalidad de Cajamarca

El actual alcalde de Cajamarca, Joaquín Ramírez, enfrenta nuevos cuestionamientos por una presunta contratación irregular al interior de la entidad edil.

Daniela Rodríguez Sánchez, pareja del burgomaestre según las declaraciones de este, figura en el buscador de contrataciones estatal, siendo contratada en febrero del 2023, como “personal externo para el apoyo como asistente administrativo en la gestión de infraestructura en el despacho de la alcaldía”, según La República.

La contratación se produjo meses después de iniciarse la gestión de Ramírez Gamarra en el municipio, pues este asumió funciones en enero de este año.

“La señorita [Daniela Rodríguez Sánchez] ha trabajado acá [en la Municipalidad Provincial de Cajamarca] el año pasado y hoy ya no labora. Ella es mi pareja desde un mes y medio, no antes. Antes de ser mi pareja ella renunció porque se fue a otro trabajo y también porque estábamos saliendo. Pero de eso ya mes y medio”, manifestó al medio citado el excongresista fujimorista.

A su vez, se recogieron las declaraciones la aludida exreina de belleza. En sus descargos, aseguró que no le corresponde responder sobre ese tema porque se trata “de su vida privada”.

“Yo ya he trabajado el año pasado [en la Municipalidad Provincial de Cajamarca], con la gestión de Andrés Villar. Y he trabajado este año unos meses en esta gestión [la de Joaquín Rodríguez]. Ya no estoy laborando ahí. No sé cuál es el problema. Yo no tengo por qué explicar nada de mi vida privada. De mi vida privada no tengo por qué hablar”, indicó.

Casos en curso

A mediados de abril último, al excongresista y exsecretario de Fuerza Popular (FP), partido liderado por Keiko Fujimori, se le incautaron “más de mil millones de dólares en un estimado de 295 bienes: edificios, vehículos, aeronaves, simuladores e inmuebles.

En aquel momento, el ministro del Interior, Vicente Romero, aseguró que esta “investigación es el caso más grande en el Perú, seguido del caso Orellana, en tema de lavado de activos”.

Según el Ministerio Público, Ramírez Gamarra incurrió en la presunta comisión de fraude en la administración de la persona jurídica —en agravio de la Universidad Alas Peruanas (UAP)— y, eventualmente, lavado de dinero.

La tesis fiscal apunta a que el centro de estudios, inactivo en la actualidad debido a su falta de licenciamiento en SUNEDU, fue usada por el exrector y tío del imputado, Fidel Ramírez, para destinar millonarias de dinero a empresas “fachada” creadas por el exparlamentario fujimorista.

Joaquín Ramírez figura en un elaborado esquema, al interior de una presunta organización criminal, que también involucra a las tres veces candidata presidencial Keiko Fujimori.

En el operativo antes mencionado, realizado por agentes del Ministerio Público y la Policía Nacional, también se intervinieron algunas sedes del ahora Instituto Alas Peruanas.

El doce de abril, un día después de iniciadas estas diligencias, la Cooperativa de Servicios Múltiples Alas Peruanas (COOPALASPE), a cargo de la gerencia general de la institución, comunicó que tomaría medidas legales contra el fiscal del caso.

Mediante un comunicado, señaló que “la familia Ramírez se apropió ilegalmente de un porcentaje de acciones cuando tenía el control de la gestión de la UAP”, sin embargo, dicha situación ya ha sido revertida, según su aclaración, pues estas acciones ya retornaron “a su accionista originario, COOPALASPE, una vez que se determinó que las transferencias habían sido absolutamente nulas e ilegales”.

En su pronunciamiento institucional, además, la Cooperativa subrayó que la entidad ya no tiene nexos con la familia Ramírez. En la actualidad, Alas Peruanas constituye una cadena de institutos con sedes en Lima (principal), Arequipa, Ica, Piura y Chiclayo, algunas de estas también fueron intervenidas por las autoridades.