Martha Moyano acusa a la JNJ de “intromisión” por pedir reflexión al Congreso sobre acusación contra Zoraida Ávalos

La vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano, criticó duramente el comunicado de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que había hecho un llamado al Parlamento para que tome tiempo para considerar la acusación constitucional dirigida a la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, la cual será votada este jueves en el Pleno. Dicha acusación busca su inhabilitación durante cinco años para ejercer cualquier cargo público.

Moyano Delgado consideró que la JNJ estaba cometiendo una intromisión y politizando el tema. “No señores de la JNJ, esto que están haciendo es una intromisión, no se metan; el Congreso está cumpliendo con sus funciones. ¿Qué les pasa? ¡En este momento ustedes están politizándolo!”, escribió en su cuenta de Twitter.

Decisión del Congreso

El próximo 25 de mayo, el Pleno del Congreso someterá a votación el informe final que recomienda la inhabilitación de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos por un período de cinco años, debido a una presunta omisión para investigar al expresidente Pedro Castillo.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales presentó una denuncia contra Ávalos por supuestamente violar el artículo 159 de la Constitución Política, que establece en su cuarto numeral que el Ministerio Público está encargado de perseguir los delitos.

Si bien en enero de 2022, la actual fiscal suprema inició una investigación contra el exmandatario por los casos de Petroperú, Tarata y el de ascensos militares. Luego suspendió las diligencias alegando que no podían llevarse a cabo mientras él estuviera en el poder. Esta suspensión estaba programada para durar hasta 2026.

“Linchamiento político”

En respuesta, Zoraida Ávalos declaró que durante su periodo como fiscal de la Nación, llevó a cabo investigaciones sobre el expresidente Castillo y presentó un total de 43 denuncias constitucionales contra altos funcionarios. Afirmó que, como resultado de ello, ahora se encuentra enfrentando múltiples adversarios.

En entrevista con RPP Noticias aseguró no haber cometido infracción constitucional alguna, sino que, por el contrario, fue la primera titular del Ministerio Público en abrir investigación contra dos exmandatarios en funciones.

“Se me pretende inhabilitar porque dicen que he infringido el artículo 159 en su inciso 4 que dice que el Ministerio Público debe investigar desde un inicio que fue lo que yo hice. Pretenden inhabilitar a la primera fiscal de la Nación en la historia que abrió investigación a dos presidentes por delitos que habrían cometido en su función”, mencionó.

Además, sostuvo que afronta “un linchamiento político” por parte de “un sector” del Parlamento. “Esto para mi es un linchamiento político, pero, más que eso, es un ataque a la autonomía e independencia del sistema de administración de justicia”, mencionó.

“Lo grave es la señal que está mandando un sector del Congreso que pretende inhabilitarme por cuestiones políticas. La señal es: si tú no te alineas a mis intereses políticos, te destituyo, te voto. Eso quiebra todo orden constitucional porque debilita, quebranta, el equilibrio de poderes (…) Es una amenaza contra el sistema nacional de justicia”, agregó.

Comunicado de la JNJ

El martes, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) solicitó al Congreso que se tome tiempo para una cuidadosa reflexión sobre la acusación constitucional dirigida a la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. La JNJ destacó que las acusaciones están relacionadas con el criterio jurídico adoptado en el legítimo ejercicio de la función fiscal.

“La JNJ se permite invocar respetuosamente, a las señoras y señores representantes en el Congreso de la República, la mayor reflexión en torno de la acusación constitucional que se tramita contra la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos Rivera, teniendo a la vista que las imputaciones en su contra guardan relación con el criterio jurídico adoptado en el ejercicio legítimo de la función fiscal, como expresión de su propia independencia”, recomendó la institución.

Afirmaron respetar la atribución constitucional del Parlamento de acusar a altos funcionarios del Estado o aplicar el antejuicio debido. Sin embargo, consideraron que para ejercer tales facultades también se debe ponderar cuidadosamente “los valores constitucionales en juego, contenidos en los artículos 139.2, 146.1 y 158.2 de la Constitución, entre otros, relativos a la independencia en la administración de justicia”.