El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional del Poder Judicial aprobó este lunes 22 la protección de derechos solicitada por los abogados del exjefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski, anulando todos los procedimientos judiciales en el caso de lavado de dinero en el que está involucrado.
La defensa del antiguo presidente solicitó que se eliminara la resolución del fiscal que concluyó la investigación preliminar en su contra en relación con el caso Westfield Capital, asociado con Odebrecht.
De este modo, el juez Jorge Chávez Tamariz, que presidió la audiencia virtual del día, invalidó la acusación presentada por el fiscal José Domingo Pérez, miembro del Equipo Especial del caso Lava Jato. Ahora, la Fiscalía tendrá que llevar a cabo un nuevo examen financiero y contable.
Antecedentes
La representación legal de Kuczysnki argumenta que el Ministerio Público violó el derecho a la defensa de su cliente al finalizar esta investigación antes de que se cumpliera el plazo legal para que la defensa pudiera formular y presentar observaciones.
El 12 de mayo pasado, el fiscal José Domingo Pérez Gómez presentó una denuncia penal contra el exjefe de estado, para quien solicitó una condena de 35 años por el presunto delito de lavado de dinero, agravado por la participación en una organización criminal, perjudicando al Estado en el caso de Westfield Capital.
Esta solicitud también se hizo para el empresario chileno Gerardo Sepúlveda Quezada, así como 23 años de prisión para Gloria Kisic Wagner y 11 años y 6 meses de cárcel para Luis Bernaola Ñuflo.
Actualmente, el expresidente enfrenta la investigación de este caso en libertad, después de que el Poder Judicial cambiara la medida de arresto domiciliario por la de comparecencia con restricciones.
Por qué 35 años
La Fiscalía pedía 35 años de encarcelamiento para Kuczynski, acusándolo de formar parte de una organización criminal. La teoría del Ministerio Público es que este grupo recibió más de 12 millones de dólares de la empresa constructora Odebrecht y otras empresas a través de consultorías y asesorías camufladas por los proyectos Olmos, IIRSA y Rutas de Lima, entre otros.
La acusación fiscal también ha implicado a cuatro individuos y cuatro entidades, para quienes se han solicitado penas que van desde los 11 hasta los 35 años de encarcelamiento.
La investigación. Se está procesando a Kuczynski por supuestas transferencias de dinero desde la constructora brasileña Odebrecht a sus empresas Westfield Capital, First Capital y Latin America Enterprise, mientras ejercía como presidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía y Finanzas, entre 2002 y 2006, durante el gobierno de Alejandro Toledo.
Kuczynski no fue incluido en la investigación preliminar, ya que gozaba de inmunidad por estar en ejercicio de la presidencia de la República.
El 13 de diciembre de 2017, el Ministerio Público inició una investigación preliminar contra dos empresas relacionadas con Kuczynski por los pagos que supuestamente habían recibido de Odebrecht.
El expresidente negó haber prestado servicios a Odebrecht, pero después admitió que sus empresas, de las que afirmó haberse separado, habían llevado a cabo consultorías. En relación con este caso, recibió en Palacio de Gobierno a los miembros de la comisión Lava Jato.
Una vez que renunció a la presidencia, el 23 de marzo de 2018, la fiscalía lo incluyó directamente en las investigaciones.
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