En su declaración jurada, la presidenta Dina Boluarte consignó que tenía 28 sobrinos. De este grueso número, varios consiguieron contratos cuando ella era la vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social durante el gobierno de Pedro Castillo, quien se encuentra recluido en el penal de Barbadillo porque cumple prisión preventiva por el fallido autogolpe de Estado y por el caso Puente Tarata-Petroperú.
En una revisión, Infobae constató que dos sobrinos de Boluarte Zegarra siguieron contratando con el Estado este año por unos montos elevados y a pesar de que ahora ostenta el cargo más importante dentro del aparato público. Se trata de Victoria Volodia Dávila Boluarte y Marco Antonio Boluarte Contreras.
En lo que va de este 2023, Victoria Volodia Dávila Boluarte logró dos órdenes de servicio con el programa Educación Básica para Todos, que resulta dependiente del Ministerio de Educación (Minedu).
El primero se dio el 31 de enero pasado por S/ 27 000 al haber realizado el servicio de asistencia técnica para el diseño e implementación de estrategias. El segundo se dio el 24 de marzo pasado por S/ 27 000 al haber brindado asistencia técnica para el acompañamiento, supervisión y monitoreo del programa vinculado al Minedu.
Un detalle adicional en el caso de Dávila Boluarte es que, desde el 2021 al 2022, facturó más de 180 mil soles al Minedu. La Contraloría General de la República emitió el informe N° 045-2022-2-0190-AOP advirtiendo la irregularidad de estos contratos el 9 de septiembre del 2022.
En ese documento se mencionó Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la presidenta Boluarte, había obviado declarar que sus sobrinas tenían contratos con el Minedu. Una de ellas era Victoria Volodia Dávila Boluarte.
Por otra parte, Marco Antonio Boluarte Contreras registra tres órdenes de servicio a favor del Gobierno Regional de Apurímac, tierra natal de la actual mandataria, por un monto de S/ 9 000 solo en este 2023. Él ofreció sus servicios de ingeniero al Hospital Guillermo Díaz de la Vega de la provincia de Abancay entre febrero y abril. Antes no había contratado con el Estado.
Niegan ilegalidad
Infobae requirió el descargo de la presidenta Boluarte frente a estas órdenes de servicio de sus sobrinos cuando ya ejerce el máximo cargo de la Nación desde diciembre del año pasado.
“No existe impedimento legal para que los sobrinos de un funcionario público contraten con el Estado”, nos señalaron desde el Despacho Presidencial.
Alegan que “mediante Decreto Legislativo 1444 del 16 de setiembre del 2018 se establecieron los impedimentos para contratar con el Estado”. “En su artículo 11 inciso h se precisa a el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad”, añaden.
Enfatizaron que “la señora presidenta no tiene información sobre los trabajos que realizan sus sobrinos”.
Descartó ser corrupta
El 3 de mayo pasado, la presidenta Boluarte respondió a varios cuestionamientos que ha tenido durante su gestión y mencionó que trabaja con las “manos limpias”.
En este sentido, mencionó que continuará trabajando con “la frente en alto” a pesar de los cuestionamientos que ha tenido. Asimismo, en referencia de que el país cuenta con tres expresidentes en prisión y otros bajo investigación graves.
“Que podemos construir la patria desde esa sensibilidad desde ese rostro humano, desde querer hacer que todos los programas y cada uno de estos ministerios y el gobierno mismo tenga ese mismo rostro de inclusión social. No nos vamos a detener en esas distracciones”, anotó la mandataria durante su encuentro con las organizaciones del Vaso de Leche en Lima.
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