El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras la crisis política vivida en el Perú recomendó que se investigue, procese y sancione a los responsables de las sesenta víctimas registrados durante las protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte. Es así que diversas entidades extranjeras apuestas por la creación de un equipo denominado “Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para el Perú (GIEI).
La Fundación para el Debido Proceso, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Incidencia a favor de los derechos humanos en las Américas y el Robert F. Kennedy Human Rights son los autores del texto que proponen la creación del mencionado grupo que coadyuven “a los órganos competentes a nivel interno en la investigación diligente de estos hecho y en la determinación y persecución de los responsables”.
Estos confían en su “amplia experiencia de trabajo en defender y promover los derechos humanos en el Perú” para poner en marcha la propuesta, la misma que califican de indispensable. Además, instan a que la presidenta Dina Boluarte asuma con seriedad las recomendaciones que la CIDH propuso tras su visita y entrevista con familiares de las víctimas y autoridades del Ejecutivo y el Legislativo.
“Como manifestamos en la carta que enviamos a la Presidencia del Perú y como ha sido solicitado por otras organizaciones internacionales que monitorean la situación en ese país, consideramos que la magnitud, complejidad y gravedad de las violaciones de derechos humanos producidas en el marco de la crisis democrática en Perú, requiere de un mecanismo de esta naturaleza”, señala Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
El texto señala con alarma la eliminación de fiscalías de derechos humanos y el intento del Ministerio Público de centralizar las investigaciones de casos ocurridos en regiones como Puno y Ayacucho en la capital. El hecho ha provocado el rechazo de la víctimas por lo que se considera necesaria la creación del llamado GIEI-Perú. Este grupo tendría la misión de acompañar a los fiscales en su trabajo para brindar mayor confianza a la ciudadanía.
Peligros latentes
El comunicado presentado por las instituciones señaladas indican que la instalación del grupo de trabajo podría evitar que violaciones similares a las denunciadas ocurran en el futuro “y de esta manera lograr restaurar el espacio cívico y democrático que requiere el país”. El equipo ya ha realizado trabajos similares en Nicaragua donde se investigaron las violaciones a los DDHH ocurridos a inicios de 2018.
“Como organizaciones internacionales comprometidas con la defensa y promoción de los derechos humanos en el Perú, reiteramos nuestra disposición de colaborar con el Estado peruano y la CIDH en la consecución de este mecanismo internacional de apoyo. Esperamos que pueda encaminarse una respuesta acorde con los compromisos internacionales de derechos humanos asumidos por el país”, se lee en la misiva.
Cabe recordar que durante las manifestaciones en contra del gobierno de Dina Boluarte se llegaron a perder las vidas de 60 ciudadanos. La mayoría habría sido a manos de las fuerzas del orden como la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF.AA.). Si bien se ha dispuesto el inicio de investigaciones, aquellos señalados como los responsables políticos han procurado librarse de culpa de las muertes registradas.
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