Congreso: cinco bancadas apoyarán ratificación de norma que eleva penas de cárcel por el delito de difamación

Bancadas de derecha e izquierda han unido para respaldar la aprobación del proyecto de ley que eleva la pena de cárcel por el delito de difamación y calumnia en el país. Se trata de una iniciativa legislativa promovida por Perú Libre que pretende aumentar de tres a cuatro años esta sanción. Pese a que su aprobación significaría un duro golpe a libertad de expresión, son cinco grupos parlamentarios que se han mostrado a favor de esta norma.

Sin debate previo, el 6 de mayo el Congreso de la República aprobó por amplia mayoría este proyecto de ley que atentaría contra el ejercicio periodístico y la libertad de expresión. Los parlamentarios de Renovación Popular, Podemos Perú, Perú Libre, Acción Popular y Alianza Para el Progreso conversaron con El Comercio y se mostraron firmes con su postura ante esta iniciativa.

Medidas contra “malos periodistas”

Jorge Montoya, de Renovación Popular, afirmó que no es una medida que esté dirigida a los hombres de prensa, sino a aquellos “malos periodistas” que pretenden difamar como una estrategia. “A los periodistas sanos e inteligentes no les tiene que preocupar este asunto”, dijo al diario.

El proyecto de ley ha sido arduamente criticado por gremios periodísticos, pues la elevación de la pena podría ser considerado como una amenaza; no obstante, el portavoz de la bancada derechista aseguró que son “defensores de la libertad de expresión”.

El legislador también argumentó que en el grupo de periodistas que trabajan en Perú podrían existir “infiltrados” en el sistema.

Por experiencias pasadas

Carlos Zeballos, de Podemos Perú, indicó que su aprobación a este proyecto de ley tiene origen en un episodio pasado de su vida. Según comunicó al diario El Comercio, anteriormente fue difamado por medio de comunicación y personas.

El actual implicado en el Caso ‘Los Niños’ descartó que esta iniciativa sea una revancha por la serie de denuncias de la prensa en su contra. “Solo se debe tener cuidado al momento de acusar a una persona”, dijo.

Cabe recalcar que el líder del partido político al que pertenece, José Luna Gálvez, está investigado por la Fiscalía por el presunto delito de organización criminal y cohecho activo. También está acusado de los supuestos delitos de colusión, lavado de activos, negociación incompatible y tráfico de influencias en el Caso Lava Jato.

“Exageración”

Por su parte, Eduardo Salhuana, de Alianza Para el Progreso (APP), sostuvo que no se ha evaluado correctamente este proyecto de ley. De acuerdo al congresista, no buscan vulnerar el derecho a la libertad de expresión ni se ha pensado en atentar contra la prensa, pues los periodistas “no difaman, se dedican a investigar”.

El funcionario resaltó que esta norma no está enfocada en periodistas, ya que todos los días los medios de comunicación “publican cosas negativas” y no tienen denuncias. “Hay una exageración por parte de un sector de la prensa”, declaró a El Comercio.

Además, el portavoz enfatizó que no se está tomando la medida erróneamente. “Se está haciendo una fábula”, agregó.

Confianza en la prensa

El diario también se comunicó con el vocero de Acción Popular, Ilich López, quien descartó que esta iniciativa legislativa pretenda censurar a los periodistas. El parlamentario señaló que “la prensa ha demostrado ser responsable” con au accionar.

El también investigado por el Caso ‘Los Niños’ descartó que esté a favor de este proyecto de ley impulsado por Perú Libre por todas las denuncias que difunden los medios de comunicación hacia él. Sobre ello, recalcó que felicita las denuncias y pide “que se hagan las investigaciones”.

Dirigido a periodistas “que mientan”

Jaime Quito, miembro de la bancada que impulsó esta medida, Perú Libre, afirmó que esta norma no está dirigida a la prensa, a menos que esta “mienta”. El legislador cuestionó que los periodistas se sientan “aludidos” por la aprobación de este proyecto de ley. “Si hacen investigaciones donde tienen documentos, como siempre lo han hecho, no hay por qué generar esta situación”, expllicó.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al igual que la Defensoría del Pueblo y gremios periodísticos rechazaron esta norma. No obstante, para el legislador, ellos no están autorizador para intervenir en las decisiones del Parlamento peruano.

“El tema es que existe una situación en que gratuitamente o de forma muy abierta, sin medir las consecuencias, muchas veces se dice una u otra cosa, y no necesariamente el periodismo, y siempre debe tenerse medido”, precisó.