Comisión Permanente podrá interpelar a ministros de Estado e interponer demandas competenciales ante el TC

A pesar de que el Congreso de la República cuenta con una impopularidad que, según diferentes encuestas, se encuentra cerca del 90% a nivel nacional, sigue concentrando más poder político. Así se desprende de lo ocurrido hoy en la Comisión de Constitución y Reglamento, donde aprobaron una iniciativa que empodera más a la Comisión Permanente.

En el grupo de trabajo, cuya presidencia recae en el legislador fujimorista Hernando Guerra García, se respaldó el predictamen del proyecto de ley N° 04639 respecto a las prerrogativas que tiene la Permanente durante el interregno parlamentario, es decir, cuando el Pleno ni las comisiones ordinarias, especiales e investigadoras se encuentran en sesiones.

La mencionada iniciativa modifica el artículo 115 de la Constitución Política del Perú que permitirá este órgano del Parlamento -compuesta por los integrantes de la Mesa Directiva y los voceros de las distintas bancadas- tenga la facultad de interpelar, censurar y negarles la confianza a los ministros de Estado. Sin embargo, no sería lo único.

Si la ley se aprueba en el Pleno, la Comisión Permanente también podrá revisar los decretos de urgencia dictados por el presidente de la República durante el interregno parlamentario. En ese periodo podrá prorrogar, modificar o derogar de acuerdo con su reglamento.

Adicionalmente, este órgano del Poder Legislativo podrá requerir información de alguna institución pública y privada, y presentar demandas competenciales ante el Tribunal Constitucional. La propuesta proviene de la bancada de Fuerza Popular.

Composición de la Comisión Permanente

Actualmente, este órgano es encabezado por José Williams (Avanza País) en su calidad de titular de la Mesa Directiva. Es acompañado por sus tres vicepresidentes: Martha Moyano (Fuerza Popular), Silvia Monteza (Acción Popular) y Alejandro Muñante (Renovación Popular).

Luego, cada partido político tiene sus siguientes representantes:

Alianza para el Progreso con Alejandro Soto, Lady Camones y María Acuña. En tanto, Fuerza Popular tiene su cuota con Hernando Guerra García, Alejandro Aguinaga, Ernesto Bustamante, Juan Carlos Lizarzaburu, Patricia Juárez y María Cordero Jon Tay.

Por su parte, Perú Libre cuenta como representantes en la Comisión Permanente a Flavio Cruz, Waldemar Cerrón, Margot Palacios y Bernardo Quito.

Podemos tiene a José Luna Gálvez. Renovación Popular puso a Noelia Herrera y María Jáuregui. Avanza País cuenta con Norma Yarrow y María Córdova. Somos Perú acreditó a José Pazo.

Juntos por el Perú-Cambio Democrático tiene a Edgar Reymundo y Hamlet Echevarría. Perú Bicentenario registró a José Balcázar. Y el Bloque Magisterial a Elizabeth Medina y Segundo Quiroz. Susel Paredes se encuentra en calidad de no agrupada.

Denuncian gasolinazo

El programa Punto Final sacó una nueva denuncia contra el Parlamento. Ahora se trata que algunos legisladores viajan por tierra a su región para visitar a sus familiares o realizar otras acciones fuera de la actividad legislativa, pero gestionan reembolsos por combustible.

Al menos tres congresistas estarían involucrados en este caso, entre ellos: Raúl Felipe Doroteo Carbajo (Acción Popular), Javier Padilla Romero (Renovación Popular) y Silvana Robles (Perú Libre). Ellos habrían solicitado combustible cuando no habría sido la semana representación.

De acuerdo con la Cartilla de Información Administrativa del Parlamento, el cual detalla las asignaciones que disponen los legisladores para cumplir sus funciones. Una de ellas son que tienen 48 pasajes en avión de manual a cualquier lugar del país. Sin embargo, al no utilizar estos boletos pueden solicitar el reembolso del combustible que utiliza para movilizarse por un valor equivalente a los pasajes.

Tras este escándalo, una de las aludidas, Silvana Robles, salió a defenderse en su cuenta de Twitter.

“Podría darse el caso que algún congresista sostenga reuniones de índole personal o familiar durante sus viajes ordinarios, sin que ello tendría porqué generar sentimientos de culpa ni la imputación de responsabilidades sobre presuntas condenables conductas, salvo que ellas fueran reñidas con la ley o con la ética parlamentaria”, escribió la legisladora izquierdista.