Contrataciones de altos funcionarios en Palacio de Gobierno en la mira de la Contraloría

El Despacho Presidencial ha contratado a 16 asesores mediante la modalidad del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG), el cual omite el proceso de evaluación y promueve la contratación directa de trabajadores. Los empleados designados por el Poder Ejecutivo recibieron un sueldo de S/ 12 mensuales en promedio.

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Dina Boluarte

El Despacho Presidencial contrato más de 40 consultores del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) por montos mensuales de S/ 12 mil aproximadamente. Se trata de una selección directa, sin proceso de evaluación previo. La Contraloría de la República emitió un informe sobre estos procedimientos y recalcó que la designación de estos asesores pone en riesgo los recursos públicos.

En sus tres primeros meses de gestión, el gobierno de Boluarte contrató a 16 nuevos asesores. Los funcionarios fueron distribuidos a distintas oficinas del Poder Ejecutivo. Los salarios de estos consultores provenían del FAC, el cual también fue utilizado por el expresidente Pedro Castillo, el cual consiste en la contratación directa de empleados de parte Palacio de Gobierno.

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De acuerdo a un informe de la Contraloría al que accedió el diario El Comercio, el Despacho Presidencial de Dina Bolaurte contrató a los funcionarios que trabajaron con ella en el Ministerio de Desarrollo de Inclusión Social. Para el órgano de control, estas contrataciones carecen de “procedimientos operativos para realizar la verificación de la autenticidad de la documentación presentadas por los consultores FAG”, indicó.

Además, la entidad resaltó que esta forma de selcción de personal pone en riesgo los recursos del Estado y “conlleva a no detectar oportunidamente la ocurrencia de fraude o falsedad en la información y/o en la documentación presentada, la ejecución de las actividades al margen de los términos de referencia, u otros eventos que resten contratación y el uso correcto de los fondos públicos”.

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Los nuevos asesores fueron designados por un monto de S/ 12 mil mensuales en promedio. Por ello, la Contraloría solicitó que la Secretaría General del Despacho Presidencial implemente mecanismos de control en los casos de contratación y trabajo de funcionarios FAG.

Asesores FAG

Los contratos bajo esta modalidad no son nuevos. De acuerdo a la entidad de control, durante el gobierno de Pedro Castillo se contrataron a 31 asesores con este tipo de selección. Los sueldos de los funcionarios bordeaban los S/ 6 mil y S/ 15 mil.

Pedro Castillo (ANDINA)
Pedro Castillo también contrató a empleados mediante la modalidad FAG.

Entre los designados se encontraban Biberto Castillo León, David Pérez Curi y Sandra Paico Castillo León, quienes también están implicados en el Caso Gabinete en la Sombra. También se identificaron casos como el de Jorge Alva Coronado, el cual no cumplía con los requisitos para ser contratado, pero fue seleccionado secretario general de la República.

En el caso del gobierno de Dina Boluarte, se conoce la designación de 16 asesores FAG. Una de las funcionarias contratadas fue Sandra Manrique Becerra, quien trabajó junto a Boluarte Zegarra en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social como asesora del Viceministerio de Prestaciones Sociales.

Walther Iberos Guevara también fue uno de los consultores designados en los primeros meses del presente año. Luego de ello, fue nombrado viceministro de Justicia. Al igual que Manrique Becerra, el abogado trabajó con la actual presidenta de la República como asesor en la Secretaría General del Midis.

Los grandes gastos de Boluarte

La administración de Boluarte Zegarra ha destinado 40 mil dólares a la consultora Patriot Strategies LLC desde el 10 de abril pasado hasta el 9 de junio. Se trataria de una campaña de comunicación contratada para favorecer la imagen de la mandataria, a quien también se le transfirió 55 mil dólares previamente. En total, ambos montos sumarían 110 mil dólares desembolsados por el Poder Ejecutivo.

De esta cifra, 40 mil dólares corresponderían a los servicios brindados por la empresa y 15 mil por gastos de representación, donde se incluirá el uso de documentos, producción de videos, alquiler de equipos, viajes y demás. Esta campaña está enfocada en el Congreso estadounidense, la Casa Blanca, las instituciones académicas, ONG y demás comunidad empresarial.

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