Ante el grave registro de 60 muertes ocurridas durante las protestas entre diciembre del 2022 y febrero de este año en Lima y regiones del sur, el Gobierno de Dina Boluarte sigue sacando dinero de las arcas públicas para limpiar su imagen ante la comunidad internacional. En concreto, apunta todos sus esfuerzos a Estados Unidos.
Según Joshua Goodman, periodista y corresponsal para América Latina de la agencia The Associated Press, la administración de Boluarte Zegarra ha decidido destinar 40 mil dólares mensuales más a la consultora Patriot Strategies LLC desde el 10 de abril pasado hasta el 9 de junio.
Este acuerdo sería una suerte de renovación del Poder Ejecutivo con la firma estadounidense porque previamente había desembolsado 55 mil dólares para que ponga en marcha una campaña comunicacional a favor de la presidenta Boluarte desde el 1 hasta el 29 de marzo.
Sumando ambos montos sería aproximadamente 110 mil dólares.
En esa ocasión, el diario Perú 21 había informado que la empresa tendría que haber elaborado planes de crisis y difundir mensajes en favor del régimen de Boluarte Zegarra.
De la cifra antes mencionada, 40 mil corresponderían por los servicios y 15 mil por gastos de representación. Allí se incluirá el uso de documentos, viajes, producción de videos, alquiler de equipos, entre otros.
Las instituciones que recibirán la campaña será el Congreso estadounidense, la Casa Blanca, las instituciones académicas, ONG y la comunidad empresarial.
En esa ocasión, la decisión del Gobierno de contactar con la consultora Patriot Strategies LLC se debió a las declaraciones de la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, brindó al diario The New York Times que la gestión de Boluarte no tenía evidencias de que las manifestaciones fueron impulsadas por organizaciones criminales.
Sin embargo, la Cancillería envió después un comunicado al medio norteamericano para protestar por la publicación de las declaraciones de Gervasi, ya que contradijo la versión que la presidenta Boluarte había lanzado en sus distintas conferencias de prensa.
Hay que señalar que los esfuerzos del Gobierno peruano de tratar de lavar su imagen llegan después de la publicación de informes como el de Human Rights Watch (HRW) que reveló el miércoles pasado que durante las protestas sociales contra la presidenta Boluarte existió un uso desproporcionado de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional contra los manifestantes.
“Es probable que estas muertes constituyan ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, por las cuales el Estado es responsable”, dice HRW sobre esta situación en su informe.
Además, señala directamente a la mandataria y al premier Alberto Otárola de haber permitido la represión militar y policial en las protestas sociales que abarcaron a Lima y regiones del sur como Apurímac, Ayacucho, Puno, Cusco, Arequipa y Tacna.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que este miércoles presentará su informe sobre la visita que realizaron a Perú.
Desaprobada
La imagen popular de Dina Boluarte no mejora ante la población a tan solo cuatro meses de haber asumido las riendas del Gobierno tras el fallido autogolpe de Estado de Pedro Castillo.
El más reciente análisis del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), publicado en el diario La República, que revela que la mandataria tiene 79% de desaprobación. Un punto más a comparación de lo registrado en marzo pasado.
En tanto, un 76,9% del país desaprueba la gestión de Dina Boluarte de acuerdo a una encuesta de CPI.
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