El alcalde de Cajamarca Joaquín Ramírez, quien afronta una investigación fiscal por el presunto delito lavado de activos, tendría una costosa propiedad en el distrito de Santa Eulalia, en la provincia de Huarochirí, de casi 17 mil metros cuadrados, que no está a su nombre en registros públicos, pero que usaría como “búnker”, de acuerdo a La República.
Este inmueble no figuraba entre los numerosos bienes incautados recientemente al también exsecretario de Fuerza Popular durante el operativo ‘Ícaro’, por lo mismo que no está consignado a su nombre, según el citado medio.
El semanario Hildebrandt en sus trece ya había dado cuenta de una lujosa camioneta Lamborghini y un departamento con vista al océano Atlántico en Miami (Estados Unidos), que serían de propiedad de Ramírez, pero que también pasaron desapercibidos para las autoridades fiscales y policiales.
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En un registro de bienes inmuebles del declarante y sociedad de gananciales, difundido por La República, se observa que la propiedad en Santa Eulalia está valorizada en 900 mil soles y mantendría un monto de autoevalúo de más de 79 mil.
Sin embargo, por testimonios de vecinos que declararon para ese diario, se conoció que comprar este inmueble en la actualidad costaría dos millones de dólares. Los mismos declarantes revelaron que la arquitecta Sachi Fujimori, hermana de Keiko Fujimori, participó del diseño de la vivienda de Santa Eulalia.
Esto último no sería un dato menor para los fiscales antilavado de activos, pues -según la tesis que manejan- parte de los millones de Ramírez habrían servido para financiar las campañas del 2011 y 2016 de la hija mayor del sentenciado expresidente Alberto Fujimori.
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En 2021, mediante una carta notarial durante una disputa por el predio, Ramírez afirmó que lo adquirió en 2008. Pero, en la última campaña electoral para alcaldes y gobernadores, el también excongresista fujimorista no incluyó a la propiedad de Santa Eulalia en las 21 que declaró en su hoja de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
En 2008, el año en que según Joaquín Ramírez compró el inmueble de Huarochirí, 11 de sus empresas firmaron millonarios contratos con la Universidad Alas Peruanas (UAP) durante la gestión de su tío carnal Fidel Ramírez Prado como rector y gerente general.
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Para el Ministerio Público, esa casa de estudios, cuyas sedes fueron allanadas recientemente como parte de este mega caso de presunto lavado de activos, suscribió acuerdos comerciales con las empresas del ahora alcalde de Cajamarca por más de 183 millones de soles.
Al respecto, Joaquín Ramírez respondió que no tiene nada de malo ni de ilegal que las empresas de dos familiares contraten entre sí. Sin embargo, trascendió que el fiscal Wilson Salazar, a cargo de liderar las pesquisas en este caso, prepara una segunda fase de incautaciones, porque considera que se cumplen los elementos de la comisión del delito.
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Testimonio clave
La fiscalía contaría con un testimonio clave que podría ayudar a esclarecer el panorama de la investigación por el presunto delito de lavado de activos que se le sigue a Joaquín Ramírez.
Según una investigación del diario El Comercio, la contadora Magaly Ramos detalló a los fiscales en el 2019 que Ramírez Gamarra manejaba directamente las finanzas de sus empresas, bajo sospecha de lavar más de S/ 1 000 millones, mientras era congresista de la República por el partido Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular).
Ramos contó que fue contratada en el 2012 para ofrecer sus servicios a las firmas comerciales de Joaquín Ramírez: Constructora Inmobiliaria Habitaría S.A.C. y Lima Ingeniería y Construcción S.A.C. Luego, ella agregó que se hizo cargo también de las finanzas de otras seis empresas del exlegislador fujimorista entre las que se encontraba la Universidad Alas Peruanas.
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Buscan perjudicar
Recientemente, Giuliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, brindó una entrevista a Expreso, para negar que su patrocinada tenga relación con alguna empresa o bien de Ramírez.
“La denuncia en contra de Keiko empezó a raíz de un reportaje periodístico en plena campaña del año 2016, donde un supuesto piloto de la DEA alegaba haber escuchado del señor Ramírez que le había comentado haber lavado 15 millones de dólares de Keiko. Estamos 2023 y, al día de hoy, este solo dicho ha quedado desvirtuado porque no supo explicar cuando lo interrogamos en Miami”, señaló.
“Prometió entregar audios y nunca dio nada concreto con lo que estaba alegando. Entregó audios totalmente inocuos y sin relevancia para el caso”, agregó.
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