Bono de S/ 9.900 del Congreso: qué trabajadores recibirán y desde cuándo

El Congreso de la República gastará S/35.640.000 para entregar bonos de S/9.900 a cada congresista porque así lo decidió, mediante la firma de un acta, la actual Mesa Directiva, presidida por José Williams Zapata e integrada por los otros legisladores Silvia Monteza, Martha Moyano y Alejandro Muñante.

Según el documento al que accedió el diario La República, el bono no será remunerativo, compensatorio ni pensionable. También se entregará este monto a los 3.600 trabajadores activos del Parlamento.

¿Cuáles son las razones por las que se decidió entregar este bono? El documento indica que se debe al incremento del costo de vida, así como a las situaciones coyunturales que se viven en el Perú. También por la ampliación del actual periodo anual de sesiones y porque ya se acerca el Día del Trabajador.

Indican que los trabajadores del Congreso de la República cumplen sus funciones de forma responsable y eficiente, “más allá de su jornada laboral”.

El dinero para entregar este bono surge de un crédito suplementario que el gobierno de Dina Boluarte entregó al Congreso.

El pasado 31 de marzo de 2023, la mandataria y Alex Contreras, ministro de Economía, firmaron un documento con el que se oficializó la entrega de S/48 millones al Parlamento mediante un crédito suplementario, cuyo objetivo era reparar baños, electricidad, crear una biblioteca, entre otras obras.

Congreso versus medios de comunicación

El Congreso de la República viene impulsando proyectos de ley que buscan atentar contra el derecho a la libertad de expresión y libertad de prensa, lo que afectaría a los medios de comunicación peruanos.

Entidades públicas como la Asociación Nacional de Periodistas comunicó su preocupación ante estas iniciativas, pero el Parlamento persiste en debatir los proyectos de ley que ponen en jaque la labor periodística.

Segundo Montalvo, congresista de la bancada de Perú Libre, presentó en agosto de 2022 una iniciativa legislativa que quiere castigar a los que “atribuyen a una entidad pública o empresa estatal (...) una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor o reputación”.

Así, propuso que los que estén detrás de esta acción, por haber hecho pública la información mediante un libro, prensa o medio de comunicación social, podrían ir a prisión por un plazo no menor de dos años.

En el proyecto de ley se lee que “la reputación se puede concebir como un círculo virtuoso que atrae inversión y nuevos negocios al lugar generando empleos; incluso, es posible que gracias a la percepción positiva del gobierno que tienen los ciudadanos se incremente la recaudación de impuestos al considerar que serán bien utilizados”, en referencia a presuntos delitos que la prensa podría cometer.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo han expresado su preocupación por el contenido de la iniciativa legislativa.

Pese a esto, la Comisión de Justicia continuó impulsando el proyecto hasta votar un dictamen bajo la dirección de Américo Gonza. Junto a él, Raúl Doroteo, Eduardo SAlhuana, Alex Paredes, Waldemar Cerrón, Flavio Cruz y Alejandro Muñante votaron a favor.