El Ministerio de Relaciones Exteriores, presidido por Ana Gervasi, convocó este jueves al embajador de Chile en Perú “para expresarle su protesta por la falta de colaboración mostrada por las autoridades policiales chilenas” para atender la crisis migratoria.
En un comunicado, la cartera señaló que ha sostenido “reuniones de trabajo” con el despacho chileno desde el 21 de abril para “encontrar, de manera cooperativa, soluciones que atiendan en el corto y mediano plazo la crítica situación migratoria y humanitaria en la zona de frontera”.
La cartera se declaró confiada en que estas citas “produzcan avances concretos en la solución de la crisis migratoria en la zona de frontera que afecta a ambos países y a los derechos humanos de los migrantes” y manifestó “su disposición de continuar con el proceso de diálogo”.
Previamente, la Cancillería chilena citó al embajador de Perú tras las declaraciones que realizó el alcalde de Tacna, Pascual Güisa, sobre la tensión en la frontera.
“No debemos permitir que un innombrable, y discúlpeme, pueblo chileno, irresponsable, como su presidente, esté trasladando los problemas a la frontera”, dijo Güisa.
Por su parte, la ministra del Interior chilena, Carolina Tohá, indicó que estas declaraciones “no contribuyen en lo más mínimo a hacerse cargo al tipo de fenómeno que tenemos al frente y al rol que nos corresponde a las autoridades para manejarlo de la manera más adecuada”.
Sin embargo, Tohá afirmó que mantiene contacto con Perú desde el primer momento, para ver el traslado de las personas a sus países de origen y para coordinar el apoyo humanitario.
“Si no pueden trasladarse, que tengan condiciones, especialmente cuando hay niños, niñas y adolescentes, para que no los pongan en una situación de mayor vulnerabilidad”, apuntó.
Otárola agudiza la tensión diplomática
”Lo que le pedimos al presidente Boric y a los demás presidentes (es) que solucionen sus problemas y que no los tiren hacia otro país”, declaró.
Según Amnistía Internacional (AI), al menos 300 personas, la mayoría de ellas de nacionalidad venezolana y haitiana, se encuentran varadas en medio de “una situación humanitaria crítica, sin alimentos, agua, alojamiento o asistencia sanitaria en el desierto conocido por sus condiciones extremas”.
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