José Williams resta importancia a informe de Human Rights Watch sobre excesos durante protestas contra Dina Boluarte: “No es vinculante”

El demoledor informe elaborado por Human Rights Watch sobre las protestas sociales entre diciembre del 2022 y febrero de este año sigue generando reacciones en los políticos peruanos. En el documento, al que Infobae tuvo acceso, se menciona que existió un uso desproporcionado de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional contra los manifestantes.

Más de 50 personas perdieron la vida durante los enfrentamientos con las fuerzas del orden por exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y la disolución del Congreso. “Es probable que estas muertes constituyan ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, por las cuales el Estado es responsable”, dice HRW sobre esta situación en su informe.

Sobre esta conclusión, el presidente del Congreso, José Williams, fue consultado al respecto por los medios de comunicación. Al igual que la presidenta Boluarte, trató de minimizar el documento desarrollado por la ONG.

“El informe de HRW no es vinculante, es un informe de una organización que vela por los derechos humanos. Se le ha hecho llegar al Perú, el Estado la ha recibido y conforme a eso tiene que tomar las medidas que crea conveniente”, aseguró Williams Zapata.

De otro lado, el titular del Parlamento también desestimó las recomendaciones que Human Rights Watch brindó para acelerar con las investigaciones y dar con los responsables de la represión policial y militar.

“Vi dentro de las medidas que debe hacerse una comisión mixta para que apoye o haga el trabajo junto con el Ministerio Público, eso yo no lo tengo muy claro, porque el Ministerio Público tiene la suficiente capacidad y calidad para solucionar nuestros propios problemas”, anotó Williams.

En concreto, HRW planteó la creación de una comisión independiente de expertos internacionales que tenga acceso a información gubernamental y los expedientes del caso para apoyar las investigaciones en curso de la Fiscalía.

La postura de Boluarte

La presidenta Boluarte fue consultada por el informe de Human Rights Watch en la conferencia de prensa que ofreció tras una nueva sesión del Consejo de Ministros. En un intento por minimizar las conclusiones, enfatizó que HRW es un Organismo No Gubernamental.

“Respecto de la ONG que acaba de sacar ese informe, es eso, es una ONG. Aquí, en el territorio nacional, cada institución cuenta su propia autonomía, así como el Ministerio del Interior tiene un proceso dentro de la Policía”, expresó al lado de sus ministros.

Estas declaraciones merecieron la respuesta desde Human Rights Watch. “Es una reacción común de gobiernos que intentan restarle legitimidad en lugar de hablar del contenido del informe. Boluarte no habló del contenido, habló de nosotros”, señaló César Muñoz, director asociado para las Américas en HRW, en diálogo con Exitosa Radio.

Además, Muñoz reiteró que “hay que investigar a la persona que no solo apretó el gatillo (contra manifestantes), sino también a quien dio la orden” en clara intención de esclarecer si los militares y policías actuaron por cuenta propia a la hora de ejecutar una brutal represión contra los manifestantes o si solo obedecieron órdenes de los altos mandos.

“La respuesta de las fuerzas del orden fue desproporcionada, indiscriminada y brutal”, agregó el directivo de HRW.

Hallazgos

Como es público, 60 personas perdieron la vida durante los enfrentamientos con las fuerzas del orden por exigir la renuncia de la presidenta de la República y la disolución del Parlamento. “Es probable que estas muertes constituyan ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, por las cuales el Estado es responsable”, dice Human Rights Watch (HRW) sobre esta situación en su informe.

La organización, con sede en Nueva York (Estados Unidos), hizo referencia también a un informe de la Defensoría del Pueblo que señala que de las muertes ocurridas en las marchas contra las altas autoridades, al menos 49 se dieron por la represión militar y policial. En esta cifra, 39 víctimas presentaron que habían sufrido impactos de balas de las fuerzas del orden.

Adicionalmente, la organización internacional que defiende los derechos humanos menciona que revisó al menos 34 autopsias de fallecidos para determinar qué zonas habían recibido los disparos. Así, señalan que 14 víctimas registraban orificios de bala en el torso, 11 en la cabeza y nueve en la espalda.